Es urgente que la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), prevista para las próximas dos semanas, sea sometida a un riguroso proceso de escrutinio que impida la posibilidad de que se convierta en un ejercicio de corrupción política y, peor aún, en un instrumento estéril para la generación de inversión pública y de crecimiento económico. Me explico.

La iniciativa del PEF parte del Ejecutivo federal y es enviada a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para que ésta integre el dictamen a partir de la propuesta presidencial, de las peticiones que formulen otras comisiones legislativas, así como —y ésta es la clave— del cabildeo que las dependencias federales, las universidades públicas y los gobiernos estatales y municipales realicen para obtener una mayor tajada.

En los últimos años, este procedimiento se ha vuelto una verdadera rebatinga en la cual entran los intereses políticos, las coyunturas electorales, la opacidad, las ocurrencias y caprichos o las profundas tentaciones al derroche y al despilfarro de quienes manejan los recursos del contribuyente.

Este ejercicio, practicado en México desde finales de los noventa y que es, digamos, la versión doméstica de lo que en inglés se conoce como pork barrel, es decir, la asignación de dinero público sin más justificación que la conveniencia política, ha dado por resultado que prácticamente todas las entidades públicas gasten más, que haya mayores incentivos para la corrupción, que el presupuesto vaya destinado a obras o programas improductivos y que, en suma, esta variable no esté sirviendo para impulsar, con sentido estratégico, el crecimiento de la economía.

Por tanto, es crítico frenar la complicidad que se ha construido entre diputados federales, funcionarios públicos y cabilderos, donde exclusivamente ellos deciden el destino del PEF 2010, y se abra al monitoreo técnico de la sociedad. No se trata, desde luego, de suplantar las facultades de la cámara ni reemplazar las tareas de la Auditoría Superior de la Federación, sino de supervisar que cada peso que se asigne tenga una justificación real y una rentabilidad social, productiva o económica comprobable y medible, de tal suerte que, a posteriori, se produzca tanto una auditoría contable, pero, sobre todo, una auditoría sobre los resultados alcanzados.

Los partidos representados en la Cámara de Diputados debieran tomar la iniciativa e invitar, por ejemplo, a instituciones académicas (ITAM, ITESM), a organismos internacionales (las oficinas del BID y el Banco Mundial en México) y a institutos o asociaciones de profesionales: el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el Colegio de Ingenieros y el Instituto Mexicano para la Competitividad, y constituir con ellos un comité técnico privado —que permita no ser juez y parte— con carácter asesor del proceso de preparación del PEF 2010, desde el análisis de la iniciativa presentada por el gobierno federal hasta el dictamen que vaya a votarse por el pleno de los diputados.

Tras el monstruo fiscal, los legisladores están obligados a una mínima responsabilidad y rigor en la forma como gastarán el dinero de los contribuyentes.

Se reproduce con la autorización del diario La Razón www.razon.com.mx

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