En aproximadamente un mes deberán celebrarse en Honduras las elecciones presidenciales previstas desde antes de la remoción de Manuel Zelaya y nadie sabe cómo piensan salir de este enredo la OEA, Óscar Arias, Brasil y numerosos cancilleres latinoamericanos si, como todo parece indicar, persiste el fracaso en encontrar una solución negociada a la crisis del pequeño país.

Las opciones ya no son muchas, pero está claro que bajo cualquier supuesto el organismo hasta ahora dirigido por José Miguel Insulza quedará moribundo como mediador en los conflictos regionales, si alguna vez lo fue, y garante de los principios contenidos en la Carta Democrática Interamericana (CDI).

Para empezar, circula la idea de que la comunidad internacional no debe reconocer los resultados de los comicios del 29 de noviembre –asumiendo que efectivamente haya las condiciones técnicas, logísticas y legales necesarias para celebrarlos– porque adolecerían de un vicio de origen; y es que serán organizados, en un sentido amplio, por un gobierno ilegítimo.

La cuestión es que, por un lado, el Tribunal Supremo Electoral de Honduras, sus magistrados y el marco normativo que los rige siguen siendo los mismos que durante el gobierno de Zelaya y, si se revisa su página web (www.tse.hn), todo parece preparado para organizar la elección, aun sin la asistencia técnica de la ONU pero abierta a la observación independiente y externa. Y, por otro, si las elecciones salen bien de acuerdo con los estándares aceptados en el mundo y emerge de ellas un presidente legal y legítimo, lo consecuente es que asuma el poder con pleno reconocimiento de la comunidad internacional tal y como ocurrió, por ejemplo, en España, en Chile o en Sudáfrica tras las dictaduras de Franco, Pinochet o el régimen del apartheid, a cuyos gobiernos (o a los residuos del Movimiento en el caso de España) les correspondió organizar las elecciones que los echaron del poder.

De ocurrir este último escenario, la OEA quedará en ridículo y, eventualmente, obligada a dejar atrás su intervención selectiva y entrarle de lleno a los otros pendientes: Venezuela o Nicaragua, por ejemplo. Al secretario general de la OEA le bastaría leer las declaraciones que dio en Madrid el alcalde de Caracas para enviar una misión de observación: “Insulza tiene que escoger entre defender su cargo o defender la democracia….Chávez no permite la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos…y el señor Insulza dice que no puede hacer más porque se necesita el permiso (de Chávez)… No hay un trato equilibrado”. (El País, octubre 16, 2009).

Es hora de que la OEA y la comunidad latinoamericana tomen en serio las cosas y admitan que se ha gestado un serio problema de disolvencia democrática e institucional en varios países de la región que, de no neutralizarse actuando por los medios políticos y legales a su alcance, profundizará la división política y el rezago social. Si de simulación se trata, con la dosis hondureña ya ha sido suficiente.

Se reproduce con la autorización del diario La Razón www.razon.com.mx