Año tras año, la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación se convierte en verdadero calvario para el contribuyente no sólo para cumplir con sus obligaciones, sino tan sólo para entenderla a cabalidad. De allí se han generado dos efectos.

Uno es que hay una clara asimetría en la disponibilidad de la información porque los técnicos de Hacienda son los únicos que en realidad conocen toda la película y, en especial, la letra chiquita, y porque han desarrollado un “metalenguaje” incomprensible para el resto del mundo, y ni los legisladores ni, menos aún, los medios suelen meterse a fondo en los cambios, ajustes o correcciones que suele traer. El otro es que, por consecuencia, se ha generado una industria de la traducción fiscal; es decir, las docenas de seminarios, conferencias, cursos y talleres que, una vez aprobada dicha ley, ofrecen los “especialistas” para hacerle comprender al vulgo de qué se trata. Pues bien, entre las perlas de este año hay una que es suicida y es la intención de eliminar el estímulo fiscal a las inversiones que las empresas hacen en investigación y desarrollo tecnológico. Pongamos las cosas en su dimensión correcta.

En países desarrollados (o incluso en otros como Brasil) suele gastarse en ciencia y tecnología una proporción, en promedio, tres veces mayor que en México: 1.5% vs. 0.4% del PIB respectivamente. En ese grupo de naciones, ese gasto proviene principalmente (digamos entre 70 y 80%) de las propias empresas. En México es al revés, pues la mayor parte lo financia el gobierno. Por tanto, tenemos un problema: si México como país invierte poco, las empresas prácticamente nada.

Los expertos aseguran que la razón de fondo de esta pasividad empresarial no es financiera, sino deriva de la estructura industrial que tenemos: somos una economía que, en general, produce bienes de medio o bajo valor agregado, entre otras cosas porque buena parte se dedica al ensamblaje de piezas importadas y por tanto esa estructura desincentiva la necesidad de la innovación, la creatividad o la investigación porque éstas se hacen en los países que generan el diseño, los productos, las patentes; en suma, el conocimiento aplicado que permite estar a la vanguardia en sectores estratégicos, como la salud, la biotecnología, la industria aeroespacial y del transporte, la informática o las telecomunicaciones.

Es evidente que el problema no se resuelve, en primera instancia, aumentando así nada más el gasto en I+D, como dicen los burócratas universitarios, sino reorientando las prioridades de la investigación que tanto el gobierno como las universidades hacen en México, pero es igualmente cierto que las industrias mexicanas, que de por sí no invierten en ello, mucho menos lo harán si les quitan el crédito fiscal de que gozan actualmente.

Es esquizofrénico ver cómo los tomadores de decisiones en materia de políticas públicas son capaces de impedir, por ejemplo, el derroche presupuestal del sector público y en su lugar matar a la gallina de los huevos tecnológicos. Los legisladores que entiendan de esto —algunos habrá— deben evitar este error.

Se reproduce con la autorización del diario La Razón www.razon.com.mx