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Opinión

 

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Otto Granados RoldánOtto Granados Roldán:
- Licenciatura en Derecho, por la Universidad Nacional Autónoma de México
- Maestría en Ciencia Política, por el Colegio de México

Actualmente
- Profesor-investigador de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey
- Co-dirige programas académicos de capacitación para funcionarios públicos en el Centro de Estudios sobre México de la Unión Europea y la Fundación Ortega y Gasset
- Director del Instituto de Administración Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), a nivel de todo el sistema.
- Imparte conferencias y seminarios en México y en el extranjero, y realiza actividades editoriales y de consultoría.

Cargos ocupados
en el Sector Público

- Consejero del Fondo de Cultura Económica y de BANOBRAS
- Secretario Particular del Secretario de Educación Pública
- Oficial Mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto
- Director General de Comunicación Social de la Presidencia de la República
- Gobernador del estado de Aguascalientes (1992 a 1998)
- Consejero de la Embajada de México en España
- Embajador de México en Chile

 
 
 
 
 
     
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HETERODOXIAS

LyFC, ir al fondo (1)

 
  Otto Granados
  og1956@gmail.com
 
Aguascalientes, MÉXICO, a 14 de octubre, del 2009

 

Con datos duros y cabeza fría, es imposible no estar de acuerdo con la decisión de la administración Calderón de liquidar la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y desbaratar el nido de corrupción que ha sido el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Pero la iniciativa no debe quedar allí y la razón es simple: para crecer, México necesita invertir; para invertir, México necesita abrirse al capital nacional y extranjero. Veamos el caso de la energía eléctrica.

La primera consideración tiene que ver con la demanda del recurso y la capacidad financiera para servirla.

El nulo crecimiento económico de los últimos años, el elevado nivel de cobertura del servicio (ya del 95%) y el relajado esquema de subsidios han sido los tres factores más importantes que explican una tasa de crecimiento de la demanda eléctrica superior al 5% en la última década. Si tomamos como base el año de 1998, el valor promedio de las tarifas eléctricas a usuarios residenciales cubría solamente el 43 por ciento de los costos de producción y sólo el 31 por ciento en el caso de los productores agropecuarios; en cambio, la industria y los servicios pagaron el 95% de los costos. Estos subsidios implícitos ascendieron, en ese año, a 31 mil millones de pesos.

En otras palabras, los sectores que aportan más del 90 por ciento del PIB nacional y del empleo son los que recibieron el menor subsidio, mientras que quienes generan cada vez menos (3.4% del PIB) muestran productividades más bajas y contribuyen con bienes de escaso valor agregado recibieron subsidios de hasta 67%, lo que, como es lógico, se convierte en un fuerte incentivo para la ineficiencia y la improductividad.

Ahora bien, si la demanda presente y la estructura tarifaria permanecieran constantes, cosa muy improbable, significaría sostener un esquema de suyo muy inadecuado; pero el problema se agrava puesto que todos los pronósticos prevén que dicha demanda seguirá creciendo a un ritmo de aproximadamente el 6% anual, lo que significa unos 74 mil millones de pesos (mdp) cada año entre los subsidios a la operación y al consumo.

¿Cómo van a financiar el gobierno y sus empresas eléctricas ese crecimiento actual, la demanda futura, los subsidios y las nuevas inversiones y, al mismo tiempo, de dónde va a obtener mayores recursos para destinarlos a la modernización de la educación y del sector salud, al gasto en seguridad o a cubrir los pasivos contingentes?

En los hechos, no van quedando muchas opciones, como lo veremos el viernes próximo.

Se reproduce con la autorización del diario La Razón www.razon.com.mx

 
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