Enfrascados en la coyuntura y las ambiciones del corto plazo, la vieja bandera del combate a la corrupción, que por años enarbolaron las oposiciones, parece haber quedado en el olvido. Según todos los indicadores y muchas fuentes informales, la apropiación privada de recursos públicos, hoy que son gobierno, es bastante más intensa que la practicada en el antiguo régimen.

Es cierto que México padece un desencuentro endémico con la ley y que el abundante traslado de recursos federales a los estados y municipios, sin un marco efectivo de control y evaluación, se ha convertido en una arca abierta de la que varios gobernantes locales disponen con largueza, pero es igualmente cierto que los excesos regulatorios y la presencia de, todavía, numerosos monopolios es un incentivo central en el fomento a la corrupción.

El informe anual del World Economic Forum sobre competitividad global, por ejemplo, que ubica a México en el lugar número 60 (sobre 134 países), es escandalosamente revelador. En el indicador relacionado con la “carga regulatoria del gobierno”, el país aparece hasta el sitio 121, en la eficacia del marco legal en el 111 y en la “desviación de fondos públicos” en el 95.

La administración Fox y, en particular, el contralor federal prometieron limpiar la casa, pero terminaron dejándola hecha un desastre en este aspecto. Su profunda incompetencia fue una de las causas, pero la otra es que enredaron mucho más la maraña regulatoria porque nunca entendieron que el enfoque ha sido erróneo. Durante ya muchos años, particularmente desde 1982 con la creación de la Contraloría de la Federación, se ha pretendido corregir el déficit de legalidad a partir de aumentar controles, legislación y reglamentos. Es decir, han transcurrido 27 años y la situación es probablemente peor a juzgar por los indicadores disponibles.

En 2002, por ejemplo, existían 6 mil 800 normas, leyes, reglamentos, decretos, circulares, etc., agrupados en 5 mil 500 páginas, tan solo en el sector centralizado de la administración pública federal; entre 2002 y 2007, los trámites federales pasaron de 1,793 a 3,322. Más trámites no tuvieron un impacto positivo en las incidencias de corrupción o, probablemente, lo tuvieron pero en sentido inverso: los actos de corrupción declarados por hogares mexicanos en 35 servicios públicos prestados por los tres niveles de gobierno y por los particulares aumentaron, de 2005 a 2007, de 115 millones a 197 millones.

Como lo han mostrado los estudios más rigurosos al respecto la mayor eficacia en la lucha contra la corrupción no va por el lado de tener un marco regulatorio más abultado sino más eficiente, ni de contar con un ejército de auditores, sino con una mayor participación privada en la prestación de los servicios públicos, el uso intenso de nuevas tecnologías para quitarle poder a los burócratas y abrir más la economía para que se produzca más competencia en los sectores aún fuertemente controlados por el estado.

No hay que darle muchas vueltas para entender que allí está el problema.

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