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Opinión

 

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Otto Granados RoldánOtto Granados Roldán:
- Licenciatura en Derecho, por la Universidad Nacional Autónoma de México
- Maestría en Ciencia Política, por el Colegio de México

Actualmente
- Profesor-investigador de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey
- Co-dirige programas académicos de capacitación para funcionarios públicos en el Centro de Estudios sobre México de la Unión Europea y la Fundación Ortega y Gasset
- Director del Instituto de Administración Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), a nivel de todo el sistema.
- Imparte conferencias y seminarios en México y en el extranjero, y realiza actividades editoriales y de consultoría.

Cargos ocupados
en el Sector Público

- Consejero del Fondo de Cultura Económica y de BANOBRAS
- Secretario Particular del Secretario de Educación Pública
- Oficial Mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto
- Director General de Comunicación Social de la Presidencia de la República
- Gobernador del estado de Aguascalientes (1992 a 1998)
- Consejero de la Embajada de México en España
- Embajador de México en Chile

 
 
 
 
 
     
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HETERODOXIAS

Necaxa, un fracaso de política pública (1)

 
  Otto Granados
  og1956@gmail.com
 
Aguascalientes, MÉXICO, a 07 de octubre, del 2009

 

Las autoridades federales y varias instituciones de investigación económica tienen algo de razón al acusar a los gobiernos estatales de derroche presupuestal. Basta asomarse a la lista de proyectos que están ahora mismo cabildeando en la Cámara de Diputados o las ocurrencias que se proponen ejecutar so pretexto del bicentenario en 2010. La conclusión es que, al menos como política pública, la forma como los estados gastan está muy lejos de ser eficaz.

Se supone que una decisión de política pública es aquella que toma y ejecuta un gobierno, que involucra recursos públicos y está destinada a tener efectos en la sociedad o sobre una parte significativa de ella. Por tanto, los gobernantes tienen la obligación de realizar ese proceso evaluando el interés público general, el costo-beneficio o su impacto social o económico, de tal manera que el resultado sea eficaz para el conjunto de la comunidad.

El desprecio hacia esa lógica tan elemental es lo que ha llevado al escandaloso fracaso de política pública que significó para Aguascalientes el capricho del gobierno del estado de llevar a esa ciudad al equipo de futbol Necaxa, subsidiarlo, sostenerlo y verlo caer a costa del contribuyente.

La idea de llevar al equipo a ese estado fue básicamente la combinación de una afición y una ambición. Desde su paso por la alcaldía de la capital y luego durante los años preparatorios de su propia candidatura, el actual gobernador se dedicó a capitalizar esa oportunidad aprovechando la afición de una parte de la población y porque era una forma de vincularse con una televisora nacional que le facilitaría elevar su posicionamiento de cara al proceso electoral. En ese sentido, ayudó sin duda.

Pero el problema básico es que, como a veces ocurre en el negocio del entretenimiento, los supuestos de que se parte son impredecibles porque están sujetos a variables con frecuencia subjetivas e inmanejables; en consecuencia, si los escenarios cambian, el negocio falla. ¿Qué pasó? Lo primero es que no es claro si los gobiernos deben ocuparse de asuntos como el futbol profesional, las corridas de toros o los palenques. Las funciones sustanciales del estado son precisas en la ley y, sobre todo, en el sentido común, y consisten en dedicarse a promover el crecimiento económico y la competitividad, mejorar la educación, preservar la seguridad, brindar buenos servicios públicos, construir infraestructura o proteger el medio ambiente.

La justificación que da el gobierno de Aguascalientes de que el “fomento al futbol es sin duda generador de empleos y coadyuva al desarrollo económico de Aguascalientes”, no corresponde a la realidad, pues entre abril 2008/abril 2009 se dieron de baja en el registro del IMSS casi 12 mil trabajadores y la economía estatal no creció en el mismo lapso.

La conclusión es que al meterse el estado en cuestiones que no conoce, ni domina, ni son propiamente de su competencia, está desviando los recursos del contribuyente no hacia políticas de interés público o general, sino hacia los caprichos particulares, con lo que el desenlace es obvio: ni atiende sus obligaciones ni puede con las aficiones. (Continuará).
gobierno del estado de Aguascalientes, gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat

Se reproduce con la autorización del diario La Razón www.razon.com.mx

 
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