La aprobación de la Ley de Ingresos para 2010 en la Cámara de Diputados y la tensión prevaleciente acerca de la reacción del Senado al momento de actuar como cámara revisora configura uno de esos escenarios en los que una mala lectura de la compleja situación económica puede llevar a un suicidio político al PRI, pero por razones distintas a las que actores y opinadores están sugiriendo estos días.

Si la política, como sugería algún clásico, es fundamentalmente economía concentrada, las élites priistas saben bien que la crisis de las finanzas públicas mexicanas exige hacer reformas de fondo –y por ende desgastantes- que no son, bajo ninguna circunstancia, los parches fiscales que han generado el gobierno federal, los diputados y un grupo de gobernadores, ni, menos aún, las rectificaciones con que amenaza una porción de los senadores.

La realidad es bastante más simple: México recauda poco y mal sus ingresos fiscales; el gobierno, por tanto, ha vivido del petróleo, la deuda o la inflación, y los contribuyentes aceptan alegremente recibir mala seguridad, educación y salud de baja calidad o servicios públicos deficientes porque, en general, simulan que pagan impuestos. El resultado es lógico: tal como está compuesto en monto y estructura, el gasto público sirve para vivir al día, pero no para promover la inversión ni el crecimiento. Ésta es una cara de la cuestión.

La otra es que en el PRI, que se alzó con una victoria electoral en el verano pasado y que cree, con cierta razón, que puede ganar en 2012, han entrado en colisión dos corrientes acerca de cómo atenuar el boquete financiero. Una piensa que hay que dar pasitos mediocres –aumentar el actual IVA o el ISR y dejar intactos medicinas y alimentos- e invertir un poco de capital político, y la otra prefiere dejar las cosas como están bajo la idea de que, con diez elecciones estatales el año que viene, la del Estado de México en 2011 y las presidenciales después, es mejor que el gobierno panista se hunda y no molestar a un electorado que ha vuelto a mirar al PRI.

Ambas posiciones son suicidas. La razón más esgrimida para seguir un camino u otro dice que todo se reduce a la disputa intestina en el PRI por las futuras candidaturas, pero en el fondo esto es lo de menos. Lo demás es que mediáticamente el PRI, en su conjunto, ya está pagando los costos de una aprobación legislativa que ni siquiera ha concluido y, peor todavía, que, salga lo que salga, no resolverá la vulnerabilidad de las finanzas públicas. En suma: es tal ya el enredo que nadie le va agradecer la posición que finalmente adopte ni habrá contribuido a arreglar el problema fiscal de México.

Por tanto: ¿no habría sido mejor negociar con el gobierno una reforma fiscal verdadera y completa, compartir los costos políticos y saldar esta asignatura clave para, si fuera el caso, regresar a la presidencia con estabilidad financiera?

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