Más allá del caso de Marcial Maciel, cuya documentación por cierto está en marcha, ¿por qué son relativamente escasos los casos públicamente reconocidos e investigados de pederastia cometidos por sacerdotes en México? ¿Por el drama psicológico o el sentimiento de vergüenza que el daño ha producido en las víctimas? ¿Por complicidad o encubrimiento de las parroquias, las diócesis o la alta jerarquía para con aquellos curas que han cometido tales abusos? ¿Por las dificultades procesales para llevarlos a juicio?

Cualquiera que sea la respuesta (o una combinación de ellas) se trata de una asignatura que tarde o temprano las instituciones públicas, los afectados o la propia Iglesia, en especial la católica, deberán abordar no sólo con un elevado sentido de responsabilidad moral, social y jurídica, sino también porque, en el caso de las autoridades eclesiásticas, hacerle frente podría evitarles problemas mayores. ¿Ejemplos? Las carretadas de dinero que, por concepto de arreglos extrajudiciales, distintas diócesis en Estados Unidos han tenido que erogar para salvar a algunos de sus miembros de verse depositados unos buenos años tras las rejas.

En efecto, numerosos medios han reportado estos días que la diócesis de Wilmington, en el estado de Delaware, tuvo que acogerse a la ley de bancarrota para evitar pagar indemnizaciones millonarias a las víctimas de abusos, tal como en los últimos años lo hicieron por ejemplo en Boston, que llevó a la virtual remoción de su cardenal, o la arquidiócesis de Los Ángeles, que tuvo que desembolsar 660 millones de dólares para paliar el daño a 500 personas que sufrieron abusos por parte de clérigos.

Pero la razón no es, o no debe ser, sólo económica.

Me parece que en una época en que, si bien de manera incipiente, ha comenzado a construirse en este país una cierta cultura de transparencia, debiera producirse un comportamiento análogo tanto por parte de la ciudadanía como por el lado de las autoridades religiosas.

Por una parte, la costumbre de intentar ocultar bajo la alfombra los delitos de este tipo —removiendo a un cura de una parroquia a otra—, no sólo va en contra de la ley y por supuesto de cualquier estándar moral al que la Iglesia está obligada, sino que, peor aún, lesiona gravemente los cimientos sobre los cuales se finca una entidad que se supone brinda un servicio espiritual y pastoral a sus fieles. Pero, por otra, cuando los propios afectados, sus familiares o su entorno cercano callan los hechos por el miedo a causar un daño mayor o por una pretendida vergüenza social, en realidad están impidiendo el acceso a una mínima justicia e incentivando la impunidad de los agresores y de quienes los protegen.

Es hora de que la ciudadanía, las organizaciones civiles y los medios actúen con decisión y denuncien y documenten todos y cada uno de los casos de que tengan noticia. Quizá esa voluntad manifestada hoy evite mañana a muchos un daño grave, profundo y doloroso.

Se reproduce con la autorización del diario La Razón www.razon.com.mx