El otro aspecto pendiente en el fracaso del Necaxa como política pública es que el gobierno de Aguascalientes tiene la obligación de rendir cuentas respecto de lo que ha pasado con este tema o el Congreso local y la ciudadanía deben exigirlas.

Desde el principio, ha habido numerosas dudas e interrogantes acerca de la forma en que se integraron los fideicomisos y asociaciones relacionados con el equipo, el patronato que lo maneja, la propiedad o posesión del estadio y de la casa club, las bases del contrato con la televisora que controla la franquicia, los convenios de publicidad, las transferencias presupuestales de algunas dependencias hacia el equipo para eludir restricciones impuestas por el Congreso del estado y un largo etcétera que ha rodeado de grave opacidad esta operación.

Un botón de muestra: según el columnista financiero Alberto Aguilar, uno de los daños de la caída del Necaxa será para los anunciantes, que verán afectados sus ingresos porque sufrirán “la minusvalía de tener un equipo en primera división, que implica unos 15 millones de dólares vs. un millón de dólares a lo sumo de otro en primera A”. Es evidente que hay un imperativo de explicar esta operación no sólo porque la ley estatal de responsabilidades de los funcionarios así lo exige, sino también por razones éticas elementales.

Y la última lección del escándalo es la complacencia o complicidad de algunos con los actos reprobables de gobierno. El mejor ejemplo en este episodio es la aprobación que en octubre de 2008 hizo sin chistar el Comité Técnico del fideicomiso que administra el impuesto estatal sobre nóminas al aprobar un presunto crédito de 98 millones de pesos procedentes de ese impuesto para aliviar el ahogo financiero del Necaxa.

La decisión es criticable desde cualquier punto de vista.

Por un lado, se violaron claramente las reglas de operación de dicho fideicomiso pues el dinero fue para una operación de salvamento financiero a una entidad que ni es un “proyecto altamente detonante del desarrollo económico del estado”, ni se trata de “empresas o de obras en la que los recursos se traduzcan en beneficios para el estado y su población”. Tampoco es válido decir que ese préstamo es uno más entre 400 que otorgó el fideicomiso en cuestión por la desproporción ante el abusivo monto del apoyo dirigido al Necaxa, frente a muchos otros de menor cuantía.

Por otro, es inconcebible que ese comité —en el que participan 9 empresarios y/o dirigentes de organismos empresariales y varios funcionarios estatales— haya avalado el movimiento a sabiendas de la finalidad que tenía, y no, por ejemplo, orientarlo hacia las abundantes necesidades que hay de destinar recursos a la investigación aplicada relevante, a programas de innovación tecnológica y, en suma, a todo aquello que contribuya a elevar la competitividad del estado.

En síntesis, el caso Necaxa es probablemente uno de los ejemplos que mejor deben documentarse y ser estudiados en todas las escuelas de administración pública para conocer por qué fracasan las políticas públicas.lientes, gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat

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