La discusión fiscal se ha vuelto una comedia de locos. El gobierno quiere más impuestos y los empresarios menos; los gobernadores contribuyen poco pero exigen más presupuesto; una parte de las oposiciones demanda menos gasto público federal y la otra más deuda.

Todos parten desde luego de una intencionalidad política, pero en el fondo de la cuestión subyace un serio problema técnico, pues aunque es bien sabido que México recauda poco y mal (10% en proporción al PIB) nadie sabe a ciencia cierta cómo está compuesto el entramado fiscal; es decir, cuántos pagan (los medios dicen que 6 millones de contribuyentes y Hacienda aclara que hay que añadir los asalariados cautivos que tributan), cuántos regímenes de excepción existen (se habla de 200) o qué tantas exenciones o tasas “cero” distorsionan esta variable crucial de las finanzas públicas.

Parte del problema consiste en que muchos de los actores esgrimen argumentos seductores que caen en tierra fértil por la opacidad existente y porque no sabemos referenciar con datos duros y didácticos la realidad. Muchos ciudadanos se quejan de los impuestos pero evaden o eluden con alegría, pero otros, en especial políticos, sencillamente mienten, lo que eleva el nivel de desconfianza y rechazo acerca de la cuestión fiscal.

Es cierto que de las 500 empresas de Expansión hay varias que usan una endiablada alquimia fiscal para escamotearle a Lolita lo que le toca. Pero hay números de lo que pagan otras que si, los comparamos con los presupuestos de diversas entidades públicas, ayudan a entender mejor las cosas.

Según su informe anual 2008, Wal Mart de México, por ejemplo, pagó sobre utilidades más de 22 mil 500 millones de pesos de ISR al fisco en los últimos cinco años. ¿Es mucho o poco?

Pues bien, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, esa suma equivale a una vez y media el presupuesto de la Secretaría de Economía; casi dos años de presupuesto anual del IFE en temporada electoral y de la PGR; casi un año de construcción y mantenimiento de la infraestructura carretera y ferroviaria, o más de tres años del presupuesto para infraestructura en salud. Tan sólo el ISR pagado en 2008 por esa empresa (5 mil 100 mdp) casi alcanzaría a cubrir todo el gasto de la Cámara de Diputados en este año (5,284 mdp) o de la Secretaría de Relaciones Exteriores (5,347 mdp); una vez y media el del Senado de la República (2,992 mdp) o cinco veces y media el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (912 mdp).

Probablemente haya casos de grandes contribuyentes radicalmente opuestos pero si Hacienda no construye o no ofrece los términos conceptuales, técnicos y estructurales sobre los cuales deba discutirse la agenda fiscal de México, el tema seguirá siendo pretexto para un mercadeo que no genera incentivos para que las fuerzas políticas asuman posiciones claras, estén dispuestas a pagar y compartir costos y lleguen a acuerdos en los que todos ganen, al menos, algo.

Se reproduce con la autorización del diario La Razón www.razon.com.mx