Hay algo ridículo en la forma como una parte de los gobernadores ha calentado la discusión fiscal. Y es el hecho de que, envueltos en una sospechosa responsabilidad, lo que en realidad quieren no es tapar el cráter de las finanzas públicas, sino tener más recursos para inyectar al gasto corriente, las campañas electorales y el desperdicio presupuestal. Veamos.

Primero: ¿qué pasó? Cuando se inició el procedimiento legislativo del paquete económico para 2010, el presidente Calderón propuso introducir un impuesto del 2% generalizado a todos los bienes y servicios y etiquetarlo a eso que los burócratas llaman “combate a la pobreza”. Sus detractores, entre ellos varios gobernadores, lo rechazaron aduciendo que era un IVA disfrazado en alimentos y medicinas, aunque la razón de fondo es que dicho gravamen no habría sido repartido a los estados –para su manejo discrecional–, sino manejado directamente por la Federación a través del fondo respectivo.

En ese momento decidieron enterrar ese 2% y comprar la idea de reemplazarlo por elevar el IVA, lo que teóricamente minimiza el costo político (mejor un punto más a lo que hay y no dos para todo) y les daba, además, recursos adicionales. No hubo, pues, ningún heroísmo fiscal, sino un trueque muy claro: votos legislativos que provean dinero territorial.

En segundo lugar: ¿por qué pasó? El año próximo hay diez elecciones estatales, entre ellas en entidades federativas que tienen un peso importante en la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Para que ganen sus candidatos, los gobernadores necesitan, primero, controlar el proceso de nominación, pero, sobre todo, tener espacio presupuestal para apoyar las campañas, pagar la propaganda y los convenios mediáticos, financiar la movilización electoral y disponer de liquidez el día de los comicios. Y ese dinero, con el agujero que trae Hacienda, debe salir de aumentar, aunque sea poco, los impuestos. Lo de menos es que esto no resuelva, en lo absoluto, la crisis fiscal del Estado; lo que importa es 2010.

Y, por último: ¿para qué? Además de cubrir la piñata electoral y comprar la protección de sus sucesores, nunca como ahora los gobiernos estatales habían contado con tanta plata y, por ende, con tantos incentivos para gastar. Por ejemplo: según datos recopilados por el IMCO, en los últimos siete años el gasto público de los estados ha crecido 43% en términos reales –la mayor parte procedente de transferencias federales– que han dilapidado en abultar la nómina. Los gobiernos estatales gastan, en promedio, mil 800 pesos por habitante en burocracia y sólo 808 pesos en obra pública; en cambio, por concepto de impuestos estatales sólo recaudan 346 pesos por habitante, lo que explica que la obsesión por los impuestos federales sea tanto para paliar la insuficiente recaudación local como para saciar, con el dinero que los estados no se atreven a levantar en sus feudos, la adicción al despilfarro presupuestal.

Díganse las cosas como son: no hay tal responsabilidad, sino una puja política obvia y cínica.

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