Por décadas, todos los niveles de gobierno han rehuido, con muy contadas excepciones, tomar las decisiones drásticas que lleven a entender que el del agua es no sólo un asunto de sustentabilidad sino, más aun, de seguridad nacional. Como parte de la construcción del modelo clientelar en que se fundó el régimen político mexicano, la ciudadanía se acostumbró a recibir casi todos los bienes y servicios púbicos sin otorgar contraprestación alguna que introdujera una modalidad, así fuera mínima, de disciplina social.

Este ha sido, perversamente, el caso del agua en las zonas urbanas, como lo ejemplifica muy bien la crisis actual en el DF y el estado de México.

La historia es simple: primero se hizo la infraestructura básica para dotar del recurso a las ciudades, pero conforme fue creciendo la población los gobiernos encargaban a los desarrolladores inmobiliarios incluir las instalaciones hidráulicas –cuya inversión se traslada al costo unitario de los lotes o viviendas– de las nuevas colonias y fraccionamientos con lo que resolvían el problema inicial.

Sin embargo, el sostenimiento de los organismos operadores o la inversión en mantenimiento o ampliación de las redes siguió a cargo de los propias autoridades que, a su vez, se habituaron a cobrar el agua muy por debajo de su precio real o, de plano, a no cobrarla, con lo que crearon un poderoso incentivo para el despilfarro y fomentaron tanto el enorme déficit operativo que hoy registran los prestadores públicos del servicio como la práctica imposibilidad de financiar el crecimiento del sistema.

Este es el centro del problema: durante muchos años se dijo que el uso adecuado del agua era una cuestión educativa y que, en tal sentido, una pedagogía ecológica efectiva haría que los consumidores valoraran la escasez del recurso y, por ende, redujeran su aprovechamiento. La tesis, bien intencionada, era sin embargo incorrecta porque el mercado no funciona así y los gobernantes se niegan a aceptar que en la extendida idea de que el agua es un “bien libre y gratuito”, subyacen las raíces de la crisis actual no solo en el área metropolitana sino en buena parte del país.

Por más que le den vuelta los funcionarios, es inevitable que el agua suministrada a los usuarios tenga precios reales y que cambie la desproporcionada distribución actual del recurso entre el sector agropecuario y el resto de los sectores económicos, entre otras medidas estratégicas.

El inicio de una solución estable y duradera no residirá en soluciones parciales y tibias ni en las diferencias verbales entre Conagua y los estados y municipios sino en modificar un modelo que premia el derroche, el desperdicio y la corrupción

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