En los últimos años, la cuestión militar –es decir, el creciente activismo del ejército en tareas propias de autoridades civiles y su consecuente impacto en la percepción mediática, la observación internacional y los equilibrios de poder dentro de un escenario político complejo- ha derivado en un asunto del mayor interés público. Y la sucesión de actos que lo escenifican merece ser observada con atención. Veamos.

Primer acto.- El presidente Calderón, que inicia su gobierno en condiciones adversas tras una elección controvertida, decide darle un trato privilegiado al ejército mediante mensajes escenográficos pero de fuerte simbolismo político. Visitas frecuentes a instalaciones militares, mejoramiento salarial y en prestaciones para los soldados, discursos encendidos de reconocimiento a la labor del ejército, se vuelven cosa cotidiana en el primer año de gobierno.

Segundo acto.- En virtud de la falta de control y de confianza en los cuerpos policíacos teóricamente encargados de combatir a la delincuencia organizada, el presidente ordena intensificar de manera directa la participación del ejército en operativos relacionados con la persecución de delitos federales, originalmente tarea de la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública. Algunos dicen: sacar a los militares de sus cuarteles es fácil: lo difícil es meterlos de nuevo. Pero el presidente, parece, ya no tiene opción: “en el trato con sus superiores un militar no quiere razones, sugerencias ni intercambio de pareceres, sino órdenes, y en el ejército cualquier cosa que no sea una orden corre el riesgo de ser interpretado como un síntoma de debilidad” (Javier Cercas).

Tercer acto.- Esta puesta en escena provoca, entre otros, dos fenómenos. Uno es la frecuente tensión entre militares y gobernadores y alcaldes bien sea porque los operativos desplazan a las corporaciones locales, porque hay una ausencia de coordinación, porque unos compiten con los otros o porque provocan que las autoridades locales de plano eludan su responsabilidad y cedan la plaza al ejército. El otro es que, según las encuestas, el ejército suele ser una de las tres instituciones más confiables para la ciudadanía.

Cuarto acto.- Como en el pasado, resurgen acusaciones contra el ejército, dentro y fuera de México, por presuntas violaciones a los derechos humanos (y eventualmente por corrupción). El gobierno está ante la disyuntiva de moderar la presencia de los soldados o promover algunos juicios (la Defensa admite solo 12 casos abiertos, de los cuales apenas 3 ocurridos de 2006 para acá) o asimilar la legislación militar en la materia a la normativa civil o, también, ser indiferente.

Quinto acto.- Si los militares han recibido de su comandante en jefe órdenes precisas de actuar en ese combate, si lo hacen –sin consecuencias- en colisión con otras esferas de gobierno o dependencias federales, si la población aplaude su papel y si gozan además de una especie de extraterritorialidad legal y procesal, lógico es que se produzcan incentivos para, eventualmente, internalizar su convicción de que, en cierto modo, son un estado dentro de otro.

La pregunta es inevitable: ¿alguien sabe cómo se llama la obra?

Se reproduce con la autorización del diario La Razón www.razon.com.mx