Algunos columnistas, en consonancia con la ambigüedad mostrada por el PRI y el PRD respecto del tipo de relación que tendrán desde la cámara de Diputados con el ejecutivo y el acoso que éste padece desde facciones del PAN, han empezado a sugerir la idea de que Felipe Calderón es un presidente en tal situación de debilidad que el único sostén institucional que le queda es el ejército. Esa visión, nutrida en el cálculo, el interés o la ligereza, constituye un juego extremadamente peligroso, y tanto la clase política como quienes reflexionan desde los medios tienen la obligación de ser muy responsables en las cosas que hacen y dicen.

Mientras tenga un régimen político y constitucional como el actual, una cultura cívica vertical, una democracia joven y una arquitectura institucional relativamente frágil, México necesita una presidencia fuerte. Y con mayor razón si a esas características se añaden tres elementos coyunturales pero delicados: un partido gobernante crispado y dividido, una crisis económica grave, y una sociedad pesimista.

Por tanto, que el partido del ejecutivo pierda unas elecciones legislativas no es justificación alguna para vulnerar sus espacios de maniobra, entre otras razones porque este no es un sistema parlamentario en donde el mismo escenario supone una convocatoria a nuevas elecciones, ni para sembrar confusiones conceptuales y prácticas sobre el tipo de gobierno a seguir sino una coyuntura que exige por igual definiciones y compromisos puntuales a todas las fuerzas políticas.

Por una parte, el presidente Calderón no puede perder tiempo en discursos para la galería mediática; le corresponde, como jefe de Estado y de Gobierno, decirle a todos los partidos (el suyo incluido) y al país, con suficiente claridad y de manera concreta, qué es lo que quiere para la segunda mitad de su mandato, cuál su visión razonada de los principales problemas, cuáles los datos duros y los argumentos que los explican, cuáles las reformas que le importan y de qué profundidad, y, en síntesis, qué agenda nacional propone y qué nueva relación política desea construir con el Senado, con las dos terceras partes de la cámara de Diputados que pertenecen a formaciones opositoras, con los gobernadores del PRI y el PRD, y con el conjunto de sus correligionarios.

Y, por otra, toca a los partidos, en especial a los actores influyentes del PRI y del PRD, formular no un manojo de declaraciones desordenadas, lugares comunes o posiciones negativas ex ante respecto de las reformas audaces y complejas que se necesitan, ni eludir la discusión de todas, insisto: de todas las opciones y alternativas posibles para abordar las deficiencias estructurales de la crisis económica o del régimen político, sino de, igualmente, enseñarle al país que son una oposición seria, profesional y madura.

Unos y otros tienen el desafío o, mejor dicho, la obligación de demostrar que, más allá de la codicia de poder, son capaces de no tensar peligrosamente los límites de una democracia recién estrenada cuyas reglas, por lo visto, no aprenden a dominar todavía.

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