Además de Manuel Zelaya, el otro damnificado por la crisis de Honduras podría ser el actual secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, que apenas semanas atrás había anunciado su deseo de reelegirse. Ahora, no está claro si sus credenciales políticas son lo suficientemente sólidas como para obtener el voto mayoritario de los estados miembro o, planteado de otra forma, si le conviene a un organismo tan debilitado que continúe al frente. Lo más sensato es que no.

La gestión de Insulza ha sido todo menos eficaz. Si bien su experiencia política y su imagen progresista supusieron la posibilidad de dotar de nuevos vientos a una entidad envejecida en realidad es difícil encontrar algo refrescante en la actividad de la OEA en estos cuatro años. Las razones son varias.

Por un lado, a pesar del oxígeno que representó la aprobación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) en 2001, es evidente que el mecanismo nunca ha logrado resolver un problema de legitimidad de origen y de ejercicio porque su creación fue vista con desconfianza y porque en los hechos, en diversos momentos, operó como una oficina de convalidación de decisiones geopolíticas diseñadas y ejecutadas desde Washington en los tiempos del mundo bipolar.

Pero, por otro, Insulza no parece haber hecho mayores esfuerzos para, en un contexto regional relativamente diferente, orientar la acción del organismo de una manera más innovadora en lo conceptual y más efectiva en lo político.

Pongamos las cosas de la siguiente manera: con la normalización de las elecciones abiertas, competitivas y justas en casi toda América Latina, los problemas que ahora amenazan la sustentabilidad de la democracia ya no tienen que ver, exclusivamente, con el mantenimiento del orden legal doméstico sino también y sobre todo con la creación de las condiciones económicas y sociales que hagan viable la estabilidad política y el desarrollo institucional de la región.

Pero también es claro que parte de esa de consolidación deriva de contener las amenazas procedentes, por ejemplo, del crimen organizado o del uso de recursos “semidemocráticos” –por llamarlos de algún modo- que atentan contra la propia democracia, como ha ocurrido de manera contumaz en Venezuela, Bolivia, Ecuador o Cuba , casos frente a los cuales Insulza y la OEA se han comportado no solo con escasa decisión sino faltando también a un compromiso verdadero y ejercido con el sentido de la propia CDI y con los principios democráticos más elementales. El desplazamiento de Insulza en el esquema negociador de la crisis hondureña -conducido ahora por el presidente de Costa Rica- no es un gesto diplomático de discreción táctica sino la evidencia más severa de que, para todos los efectos, el todavía secretario general ha dejado de ser funcional.

La disyuntiva es simple: para rescatar lo que quede de la OEA, Insulza debería ser reemplazado.

Se reproduce con la autorización del diario La Razón www.razon.com.mx