Es un verdadero absurdo conceptual, técnico y financiero la decisión de la bancada del PRD en el Senado de frenar la aprobación de la ley que organiza y facilita las asociaciones público-privadas para prestar servicios, mejor conocidas como PPS. Pero es, también, un error político. Veamos.

Un PPS no es una privatización de nada ni un crédito ni un contrato tradicional de obra pública. Es una solución por la que un inversionista diseña, financia, construye, mantiene, repone y moderniza infraestructura que pone a disposición de un gobierno bajo reglas, condiciones y plazos muy concretos y mediante la cual la ciudadanía obtiene un servicio público de calidad.

Esta modalidad, muy extendida en el mundo, nació hace ya dos décadas con la finalidad de responder a la necesidad de proveer bienes y servicios en un contexto de recursos limitados. Como en otras cosas, México llegó tarde (aunque más vale que nunca) a esa tendencia que, por lo demás, tiene una lógica impecable.

Una noción moderna del papel del Estado en el desarrollo pasa obligadamente por entender que las demandas sociales son crecientes, complejas y costosas, y el dinero público no alcanza. Por tal razón, es inevitable (y en muchas ocasiones preferible y saludable) catalizar recursos privados para satisfacerlas por la sencilla razón de que, en la frase atribuida a Deng Xiaoping, no importa si el gato es blanco o negro con tal de que cace ratones. Es decir, lo que cuenta es atender las necesidades sociales y no el hecho de que sea con inversión privada.

Por si no saben los senadores del PRD, en 1990 los particulares invertían unos 20 mil millones de dólares (mmdd) anuales en países emergentes en desarrollar infraestructura diversa; veinte años más tarde la cifra se estima en 161 mmdd anuales. Más aún: ya no son sólo países como México los que están urgidos de recursos frescos; hoy se estima que, para cubrir nuevas necesidades de inversión en escuelas, carreteras, vialidades y hospitales, Canadá requiere 125 mmdd, la India 250 mmdd e Irlanda 127 mmdd, entre muchas otras regiones.

El dilema es simple: ¿se dejan de hacer esas cosas por asco ideológico o se cambia el chip y se atrae inversión privada para responder a la gente? La respuesta, desde luego, es obvia.

Finalmente, hay un error político grave. Si los políticos quieren ser exitosos tienen que gobernar de manera más o menos aceptable. Ello significa dar resultados concretos, tangibles y medibles. Y éstos, en muy buena medida, dependen de atender necesidades que los recursos fiscales no alcanzan a cubrir y, por tanto, hay que complementar con deuda o con ajustes de gasto o con aumento de impuestos o con inversión privada. ¿Cuál de esas opciones es la menos desgastante políticamente? La última, por supuesto.

Así que más les vale aprobar una ley de la que saldrán beneficiados

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