Con frecuencia, los mexicanos se preguntan, con razón, cuál es exactamente la contribución de los partidos al país medida contra el elevado financiamiento público que reciben, el estancamiento en la aprobación de reformas para que la economía mexicana crezca y para contar con un sistema político más eficiente, o bien, sencillamente, para elevar la credibilidad de la política y los políticos.

Prácticamente ninguna de esas interrogantes recibe calificaciones aprobatorias, lo que explica que los partidos se encuentren en el último lugar de confianza entre 13 instituciones que miden las encuestas. Al mismo tiempo, sin embargo, hay que admitir que son un elemento indispensable para el funcionamiento de la democracia. El problema, pues, no son “los” partidos en abstracto, sino “estos” partidos que tenemos.

Se supone que el papel de los partidos consiste en designar candidatos, participar en elecciones y formar gobiernos. Pero también deben cumplir la responsabilidad de organizar el apoyo político de los ciudadanos en torno a programas, intereses y valores; representar esas preferencias en el proceso de formulación de políticas y establecer acuerdos constructivos en el ámbito legislativo. Y es en estas últimas tareas donde paladinamente fallan. ¿Por qué?

Una primera razón es una especie de desdibujamiento ideológico en que han caído. Salvo en temas muy puntuales (nacionalismo económico, petróleo, laicismo, derechos de las minorías), donde hay diferencias evidentes, no está claro el proyecto programático real o la agenda nacional que unos y otros le proponen al país, lo que tiene por consecuencia que se produzcan, en la práctica, “elecciones sin opciones”, donde no se da un debate de fondo sobre las ofertas políticas relevantes y se deja al votante en una situación de indefensión porque elige entre caras, imágenes y símbolos pero no sobre un programa de cuya ejecución dependen los objetivos que verdaderamente le importan a la ciudadanía, como el crecimiento económico, la calidad educativa o el empleo productivo. Más aún: al competir sin propuestas, no hay forma de exigir a candidatos y partidos una rendición de cuentas sustantivas que permita contrastar lo prometido con lo hecho y facilitar así la oportunidad, en la siguiente elección, de escoger entre “continuidad o cambio”.

El segundo problema es que las elecciones se han vuelto un fin en sí mismo, y no un medio para traducir la voluntad expresada en las urnas en la definición y ejecución de las políticas públicas. Esto crea serios problemas de eficacia conceptual —¿gobernar para qué?—, de baja calidad en la gestión pública, de malas decisiones políticas y de incompetencia administrativa. Basta ver, por ejemplo, los niveles de crecimiento económico, los reportes de competitividad o los índices de transparencia y buen gobierno en los estados para darse cuenta de que entre buenos candidatos y buenos gobernantes media un abismo. Y, finalmente, los partidos, que son entidades de interés público, parecen capturados por nomenclaturas cerradas que deciden posiciones, candidaturas, pactos o alianzas, en función de sus intereses, y no de los militantes ni menos de la ciudadanía.

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