Como le ocurre hasta a los buenos toreros, José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, tuvo en Cartagena de Indias, durante la reciente celebración del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) para América Latina, una mala tarde.

La aparición del diplomático chileno en la reunión del WEF, tras su reelección, era un buen termómetro para medir la fortaleza política con que inicia su segundo período. Pero, por lo visto, a las debilidades crónicas del organismo ahora habrá que añadir las de su dirigente, al que, reiteradamente, se le responsabiliza de haber actuado con plena complacencia ante los excesos y arbitrariedades de algunos mandatarios latinoamericanos.

Insulza argumenta que la arquitectura de la OEA le impide hacer más en la actual coyuntura latinoamericana, lo cual es una verdad a medias. Veamos.

El secretario general de la OEA no es un simple empleado del Consejo integrado por todos los Estados miembro, cuyo papel se reduzca a rendir cuentas administrativas. Es un funcionario internacional que tiene un mandato legal claro –dentro del cual están algunas de sus limitaciones básicas– y que actúa con base en un diseño institucional ciertamente añejo y disfuncional.

Pero, al lado, tiene también una autoridad política –que no ha ejercido– provocando, por consecuencia, las mayores decepciones. Es verdad que, tal como están sus ordenamientos legales, no es mucho el margen de maniobra que tiene el secretario general. Pero política y moralmente Insulza debería haber hecho mucho más –y él es un pragmático que sabe cómo mandar mensajes claros y cómo operar en coyunturas concretas– ante los excesos del populismo autoritario, y, en cambio, se ha refugiado en los laberintos normativos de la OEA para eludir su responsabilidad.

No es gratuito, entonces, el reclamo que algunos le formularon en Cartagena: que Insulza ha actuado con dos varas y dos medidas en distintos escenarios críticos en la región.

Lo de menos sería la pasividad de Insulza en este sentido. Lo delicado es que tal actitud podría tener otros dos efectos negativos para la modernización política de América Latina y el Caribe.

El primero, desde luego, es una peligrosa tendencia a ver actos autoritarios de gobiernos formalmente democráticos como algo natural en el paisaje latinoamericano, sin que nadie alce la voz so pretexto de que se trata de una cuestión de soberanía y de no intervención.

Y el segundo es que la naturaleza política (y humana con frecuencia) suele ser más reactiva a los malos ejemplos que a los buenos, y si líderes autoritarios como Chávez, Ortega o Morales pueden actuar como señores de horca y cuchillo sin que nadie ni nada los detenga, entre otras cosas porque no sólo han concentrado en sus manos las débiles instituciones estatales sino también corrompido a la sociedad, entonces lo que hoy ocurre en los medios, en la propiedad privada o el gasto militar mañana puede replicarse en cualquier otro terreno.

Hace falta un poco más de decisión y decoro en la OEA.

Se reproduce con la autorización del diario La Razón www.razon.com.mx