Del compromiso que los medios suscribieron en el acuerdo nacional contra la inseguridad (no hacer apología del delito, respetar la dignidad de las víctimas o evitar difundir información que ponga en riesgo la seguridad de personas), en agosto de 2008, muy poco ha quedado.
Todos los días se ven ejemplos escatológicos en los que muchos practican la idea de que si peor, mejor, y no parece haber interés alguno en discutir cuál es la exacta responsabilidad, que la tienen, los medios en el combate a la inseguridad.
Los que dicen defender la virginidad afirman que su tarea es informar libremente y que con ello cumplen su responsabilidad. No es así. En una situación por completo anómala, como la que México vive en esta materia, esos criterios habituales no operan por la sencilla razón de que el factor mediático juega un papel funcional a favor o en contra de la delincuencia organizada. En suma: los medios no pueden permanecer como simples observadores desde su cómodo pedestal mientras la violencia crece. Es suicida. ¿Qué hacer?
En Colombia, por ejemplo, bajo el principio “preferimos perder una noticia antes que una vida”, los directivos de tres docenas de medios de comunicación establecieron un “Acuerdo por la discreción” para elevar la calidad y propiciar la responsabilidad en la cobertura periodística de hechos violentos. Este acuerdo, suscrito en noviembre de 1999, estableció compromisos como los siguientes:
- Fijaremos criterios claros sobre las transmisiones en directo, con el fin de mejorar la calidad de esa información y evitar que el medio sea manipulado por los violentos.
- Por razones éticas y de responsabilidad social no presionaremos periodísticamente a los familiares de las víctimas de hechos violentos.
- Estableceremos criterios de difusión y publicación de imágenes y fotografías que puedan generar repulsión en el público, contagio con la violencia o indiferencia ante ésta.
Otros medios han formulado “declaraciones de principios” que rigen su política editorial e informativa. Por ejemplo, El País dice en su Principio 1.5: “Las falsas amenazas de bomba no deberán ser recogidas como noticia, salvo que acarreen graves consecuencias de interés general. Estas informaciones no hacen sino favorecer al delincuente y extender este tipo de conductas”.
Un argumento más. En 1995 el profesor Manuel Vidal Noguera, de la Universidad Javeriana en Bogotá, explicó que el narcoterrorismo busca amedrentar a la sociedad y el Estado y, por consecuencia “necesita la publicación espectacular de los hechos, y dentro de ella da la bienvenida a los adjetivos que se empleen, aún para condenarla, pues ellos potencian sus nefastos efectos”.
¿Es acaso tan difícil que, por simple sentido común, los medios mexicanos adopten una cierta autorregulación al respecto que fuera útil para la sociedad y para ellos mismos? Pienso que no.
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