La decisión del Senado de echar abajo un punto de acuerdo mediante el cual se pedía al gobierno de Cuba “garantizar la integridad y dignidad de quienes se encuentran recluidos en sus cárceles y propiciar canales políticos que eviten la reiteración de este tipo de situaciones” es un ejemplo más de los extravíos conceptuales, morales e históricos que con alarmante frecuencia padecen los actores políticos del país.

Como bien decía don Jesús Reyes Heroles, en política generalmente los engaños son, más bien, autoengaños. A estas alturas, nadie en su sano juicio puede ocultar bajo la alfombra la gravísima situación por la que atraviesan los derechos humanos en Cuba. El gobierno de la isla ha cometido abusos de manera sistemática y reiterada contra sus opositores y ha violado las garantías elementales a los que todo ciudadano tiene derecho en términos de racionalidad política y humana y que están consagradas en la mayoría de las convenciones internacionales.

No se trata, como lo quisieron hacer ver los detractores del acuerdo fallido, de una operación propagandística anticubana o de una presión de inspiración norteamericana. Nada de eso. Lo que sí hay en Cuba, y las evidencias son categóricas, es un deterioro de las condiciones básicas de respeto hacia los seres humanos. Rechazar un simple exhorto, con un pretexto propio de finales de la guerra fría, es una derrota política para los propios partidos –unos y otros– porque hace ver que no tienen el mínimo compromiso con la democracia ni con el respeto a los derechos humanos ni con el estado de derecho ni con el sentido común.

Pero es también, en segundo lugar, una derrota moral. Esgrimir el argumento de la no intervención para eludir olímpicamente la realidad de la situación cubana es una decisión irresponsable que, además, refleja un profundo desprecio por los principios y valores de libertad y solidaridad que son compartidos por toda sociedad que se precie de ser civilizada. La virtual connivencia ante los modos dictatoriales del gobierno de La Habana no es una respuesta diplomática. Es, de hecho, un rechazo a los fundamentos morales con que debe conducirse la vida política que, por añadidura, mina seriamente la legitimidad de legisladores y partidos para cuestionar los abusos que, en México, se cometen por ejemplo en el combate a la inseguridad y la delincuencia.

Y en tercer lugar es una decisión grotesca. El contenido del acuerdo es ampliamente conocido, ha circulado por todas partes y su rechazo no le resta un ápice su fuerza. Lo que sí es exasperante es el nivel de argumentación.

Cualquiera que haya sufrido el martirio de escuchar las intervenciones en contra podría haber pensado que se trataba de una sesión senatorial de los años sesenta, cuando la geopolítica global era completamente diferente, o de un alegato correspondiente a otro planeta. Esperemos que este episodio no anticipe el regreso al populismo y la demagogia de la vieja política exterior

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