Desde hace décadas México ha mantenido un doble estándar en materia de tratamiento de los indocumentados.
Por un lado, usualmente el gobierno se envuelve en la bandera nacional para defender a los paisanos que viven en Estados Unidos. Pero, por otro, se sabe poco de la extorsión y la violación a los derechos humanos que, a manos de autoridades federales y locales, padecen miles de ciudadanos centro y sudamericanos que cruzan la frontera sur para llegar al sueño americano.

En ese sentido, la explicación acerca del hallazgo de 72 cuerpos masacrados en Tamaulipas —que podrían haber sido secuestrados para extorsionarlos o reclutarlos para realizar actividades delictivas, según dijo el vocero del gobierno— y la condena respectiva son, al menos, extravagantes, y dicen muy poco del fenómeno que en realidad facilita que se produzcan cosas así: la virtual inexistencia del Estado en ciertas zonas del país.

A menos que, esta vez sí, el gobierno demuestre fehacientemente qué pasó, dada su tenue credibilidad en otros casos, el hecho es altamente revelador de la tragedia que viven, desde siempre, los indocumentados que pretenden cruzar el territorio nacional.

El historial mexicano en la materia ha sido, desde hace años, lamentable. A principios de los años ochenta, cuando la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, entonces dirigida por Gabino Fraga, empezó a acoger las primeras oleadas de centroamericanos expulsados por la violencia política, fueron las propias autoridades migratorias de la época las que frenaron todo intento de establecer una política racional y civilizada al respecto.

Más recientemente, tanto la CNDH como Amnistía Internacional han documentado el “infierno” de los migrantes centroamericanos que son sistemáticamente atacados por presuntas bandas de delincuentes que los vejan, secuestran, violan o asesinan, con la complacencia, la complicidad o la franca participación de policías federales y locales, de militares y de agentes migratorios. La CNDH asegura que el año pasado, en tan sólo seis meses, fueron secuestradas 10 mil personas en esas circunstancias.

Ahora bien, aun en el supuesto de que hayan sido victimados por la delincuencia, con o sin involucramiento de funcionarios públicos, o que extrañamente recorrieran los muchos kilómetros que median de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a San Fernando, Tamaulipas, sin que nadie los molestara o los protegiera, es inevitable preguntarse qué clase de tierra de nadie es esa parte del país como para que alguien asesine sin problema a 72 personas.

En otras palabras, la masacre sugiere que, en lugar de rescatar territorios, el Estado sencillamente ha de-saparecido de porciones importantes del territorio. La muerte de seres humanos en esas condiciones es muy grave. Pero la evaporación de todo signo de autoridad institucional o de régimen mínimamente legal anticipa cosas peores.