Existe la costumbre de que los ex gobernadores no rindan cuentas reales del estado en que dejan sus territorios una vez que finaliza su período. Suelen pensar que basta con que los diputados locales, por los métodos que sean, aprueben sus cuentas públicas o con presentar su último informe, para que eludan otra clase de responsabilidades de tipo político, moral e, inclusive, histórico, acerca de lo que hicieron o dejaron de hacer durante el tiempo que duró su mandato.

Ésta, sin duda, es una práctica insana porque erosiona el contrato social suscrito con la ciudadanía que deriva de toda elección, impide hacer un análisis puntual de los problemas que endosa —para diagnosticarlos correctamente y actuar en consecuencia— y deja al sucesor la carga de la prueba por cosas que probablemente se incubaron en los años previos. En esas condiciones, el cargo se vuelve una herencia envenenada. La crisis de inseguridad en Nuevo León merece ciertamente ser examinada con detalle porque es evidente que no se gestó en unos cuantos meses y porque las características económicas, sociales, urbanas y geográficas de la entidad habrían hecho pensar que algo así jamás ocurriría.

NL es un estado admirable en muchos sentidos. Hasta hace poco seguía gozando de una buena calidad de vida —que en términos generales subsiste razonablemente—, mantiene una estructura económica, industrial y educativa muy sofisticada y una enérgica cultura del trabajo. Pero a la luz de ese tejido no está claro en qué momento, cómo y por qué se gestó la larva de la inseguridad y la violencia que hoy se observa en la entidad. Ésta es la explicación que debiera ofrecer públicamente el ex gobernador Natividad González Parás.

No se trata desde luego de trasladar las responsabilidades constitucionales del actual Ejecutivo estatal, que es quien tiene las facultades, competencias y obligaciones para neutralizar esta crisis, hacia el pasado inmediato. Sin embargo, con el afán de comprender muy bien su dinámica, sería muy importante y útil que González Parás aportara los elementos que a su juicio originaron la situación actual o aquellos otros que atestiguó durante el tiempo que gobernó o que, quizá involuntariamente, se quedaron en el clóset y bajo la alfombra a la hora del cambio de estafeta.

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, por ejemplo, el índice delictivo de NL aumentó 26 por ciento en los años anteriores. Y las encuestas del ICESI mostraban que, al final del sexenio anterior, 70% de la población consideraba a su estado “inseguro”. Es decir, el fenómeno ya estaba allí y derivó, gradual pero consistentemente, en una crisis.

Esta clase de ejercicios serían un acto, política y moralmente, de elemental responsabilidad por parte de los gobernadores que terminan hacia los ciudadanos que, alguna vez, les dieron su voto