Una parte de los políticos novatos se encargan todo el tiempo de festinar la superficie de los datos y la otra de cuestionarlos básicamente por razones de ignorancia o de cálculo electoral. Pero ni unos ni otros entran al fondo de las cosas con seriedad y rigor. Esto es lo que suele ocurrir en el caso del empleo.

El gobierno anunció, por ejemplo, que hay en efecto, de acuerdo con las encuestas del INEGI, una recuperación del empleo del orden de 560 mil nuevas plazas en lo que va del año, y, a falta de otro tipo de argumentos, la oposición intentó refutar poniendo en duda la credibilidad de la cifra. Es un diálogo sin sentido.

Para empezar, a estas alturas es claro que el INEGI es una institución confiable y con prestigio internacional, pero el problema medular no es que los números sean reales, que lo son, sino que su presentación es insuficiente para analizar la evolución del fenómeno. Pongamos las cosas en perspectiva.

En México es claro que hay una transición en su estructura productiva derivada tanto de los cambios en el entorno económico nacional como de los reacomodos en la economía global. Este escenario ha tenido consecuencias importantes que definen un nuevo paisaje industrial en el cual se generan, digamos, tres tipos de empleo: el de cierto nivel de calificación y más o menos permanente y bien remunerado; el eventual y de baja o nula calificación, y el del sector informal. Y el problema real es que probablemente el empleo que se crea es el de estas últimas dos categorías.

Pues bien, la evidencia en México y en el mundo muestra que un país que quiera volverse más competitivo, alcanzar un crecimiento sostenido y proveer de mayores niveles de bienestar tiene que promover la creación de empleo que sea permanente, calificado y productivo, de tal manera que el efecto de ese círculo virtuoso sea que esté mejor pagado.

Lo que hoy se observa es que es factible crear empleo —allí están las cifras— pero buena parte de ese empleo es de subsistencia (empacadores en los autoservicios, trabajadoras domésticas, “franeleros”, etc.) que sirve para resolver muy parcialmente las necesidades cotidianas pero de ninguna manera representa una mejoría en el nivel de vida de las personas, no tiene un efecto multiplicador importante en la economía familiar ni detona productividad de la mano de obra en la economía.

Allí es donde el país está atorado y exige por tanto un enfoque diametralmente distinto en donde el eje sea dotar de mucho mayores capacidades, habilidades, destrezas y competencias a la población económicamente activa para que adquiera una mayor calificación y pueda insertarse en mejores condiciones productivas y salariales en los sectores más dinámicos de la economía mexicana.
Y esta es la discusión pendiente que, como es usual en estos tiempos, los políticos no entienden.

Muy buenos para la grilla callejera pero pésimos para pensar como estadistas.