Pedirle más dinero a la Federación se ha vuelto el deporte nacional de los políticos locales. Más dinero para infraestructura, universidades, campo, educación, salud, foros artísticos, obras pías y fiestas de guardar. La seguridad pública, desde luego, no podía ser la excepción y así se lo reclamaron los gobernadores al presidente Calderón el jueves pasado.

Los datos duros, sin embargo, evidencian que estados y municipios se benefician ahora de transferencias presupuestales mucho mayores que nunca antes, que éstas no han impulsado el crecimiento ni la competitividad económica y que en general han sido destinadas a abultar la nómina, subsidiar campañas políticas y gasto publicitario, patrocinar telenovelas y diseño de joyería o financiar los caprichos del nuevo mandarinato mexicano. Veamos.

Según las cifras del tercer informe presidencial, las participaciones fiscales federales pagadas a estados y municipios —su principal fuente de ingresos porque no les gusta cobrar impuestos locales— se fueron de 20 mil 326 millones de pesos (mmdp) en 1990 a 423.4 mmdp en 2008. El “gasto primario devengado” del sector público federal ejecutado por estados y municipios (aportaciones, educación, etc.,) creció de 249.8 mmdp en 2001 a 512 mmdp en 2009. El “gasto federal transferido a los gobiernos locales” (concepto que integra varias fuentes y fondos) se elevó de 403.4 en 2000 a 963.1 en 2009.

En suma, con cualquier indicador que se mida, todos reciben mucho más recursos federales.

Y ¿qué han hecho con ese dinero? Según un índice preparado por Emilio Granados Franco, del IMCO, el nivel de gasto público de 1990 a 2007 creció en términos reales 150% en los municipios y 147% en los estados. Con ello pudieron, entre otras cosas, engordar la nómina: 68% en los municipios y 29% los estados en los últimos años, y gastar más de lo presupuestado: en 2006, 2007 y 2008 se sobregiraron por 358.4 mmdp, lo que equivale a haber construido unos 716 hospitales del IMSS.

Lo peor del caso es que ese flujo de recursos, con algunas excepciones, no ha servido para mejorar la posición competitiva de los estados, no ha generado una rentabilidad social, económica y productiva mínimamente relevante, no ha servido para impulsar mejorías notables en distintos sectores de política pública, señaladamente la educación.

Más aún: al parecer ya ni siquiera funciona como lubricante electoral eficiente —como ejemplifican las derrotas del PRI en Oaxaca y Puebla— o cada vez hay que meterle más para ganar por apenas 2 o 3 puntos porcentuales, como muestran Aguascalientes, Durango, Veracruz o Hidalgo.

Desde luego que hace falta más dinero. Pero no para gastar más, sino para invertir mejor, de manera eficiente, verificable y creíble.