Al menos como estrategia de reconstrucción de imagen, la ronda de encuentros del presidente Calderón con gremios profesionales y empresariales, académicos y columnistas, líderes religiosos y dirigentes de las autodenominadas organizaciones ciudadanas para hablar de la inseguridad y la violencia no podría haberle salido mejor. Veamos.

El asunto podría descomponerse en tres partes: la estrategia de combate a la delincuencia organizada, las relaciones con los actores políticos para aprobar reformas importantes como la Ley de Seguridad Nacional o los temas del mando único policial, y la percepción que la gente tiene al respecto.

Como es evidente, entre otras cosas por los rasgos psicológicos de su carácter, no hay ninguna señal de que Calderón tenga en mente modificar un ápice la forma como ha enfrentado el problema desde el inicio de su gobierno. También es claro que las fuerzas políticas, en especial los gobernadores y los partidos de oposición en el Congreso, difícilmente darán su brazo a torcer para darle al Presidente los cambios que quiere en la materia. Pero entre la llamada opinión pública hay la creciente sensación de que el gobierno ha perdido esta batalla y esta variable sí tiene un costo político y electoral que, al parecer, Calderón no está dispuesto a pagar solo.

En ese sentido, los diálogos de la semana pasada no aportaron datos o elementos particularmente nuevos puesto que la mayor parte de las intervenciones que allí se produjeron pueden leerse todo el tiempo en los medios, pero sí le dieron al gobierno la oportunidad de establecer que la única agenda más o menos integral en este terreno es la suya, que posee mayor información que todos los opinantes y que esta es, incluso, una lucha personal, hasta con ciertos tintes de heroísmo, del presidente Calderón. Y eso es rentable.

Al llevar a los críticos a su terreno y generar un determinado ambiente de opinión pública, Calderón pretende, por un lado, arrinconar a sus interlocutores políticos para que decidan si respaldan o entorpecen la estrategia en marcha y, por otro, exhibir ante la ciudadanía de qué lado está ahora el balón en el impulso a las acciones que faltan.

Cuando esta semana toque el turno a gobernadores y legisladores en esta discusión, el Presidente podrá mostrar que está a la ofensiva o que tiene una capacidad de argumentación con mayores niveles de articulación que cualquiera de los otros actores por la sencilla razón de que, hasta hoy, ninguno de éstos ha presentado una estrategia alternativa, como tal, a la del gobierno federal.

En la medida en que, como parece, la espiral de violencia aumente considerablemente en el país, el reparto de responsabilidades, o de culpas si se quiere, hacia otros niveles de gobierno, permitirá que la concentración casi obsesiva del Presidente en el tema de la seguridad arroje, también, dividendos políticos y electorales.