Los clásicos del viejo régimen solían decir que en política hay que estar preparados para ser, para no ser y para dejar de ser. Pero en algunos estados donde se ha producido recientemente la alternancia, sus gobernadores, probablemente por imprevisión o temor, parecen aferrados a guardar hasta el último minuto los cadáveres en el clóset, los cuales encontrarán, más temprano que tarde, sus sucesores.

Pongamos las cosas de la siguiente forma: cuando un gobernador pierde su elección, como en los casos de Oaxaca, Puebla, Sinaloa o Zacatecas por ejemplo, lo mejor y más seguro, y no sólo profesionalmente hablando, es que ejecute un proceso de transición informado, documentado, público, oportuno y transparente en el que aproveche el frecuentemente largo lapso entre el día de los comicios y la toma de posesión para entregar la casa en razonable orden.

Ese proceso tiene dos partes. Una es la transición misma, donde las administraciones saliente y entrante pueden ir revisando, con tiempo y tranquilidad, el estado que guarda cada una de las dependencias, y la otra es el acto jurídico de entrega-recepción que normalmente suele ser el día en que entra en funciones el nuevo gobierno. La que importa es la primera fase, no la segunda.

De entrada, hay que reconocer que todo saldo electoral complica la atmósfera política porque durante ese interregno el ambiente entre ambas administraciones puede ser áspero, hay una lógica disputa por la agenda mediática, se produce una diáspora, abierta o soterrada, de funcionarios de la administración saliente hacia la que entra (más una kilométrica cadena de traiciones) o porque hay decisiones finales del gobernador que se va que suscitan conflicto en el que llega.

En ese contexto, los ejecutivos salientes pierden de vista, sin embargo, que si son ellos los que conducen el proceso éste se da no solo en mejores condiciones estratégicas y de seguridad política (y a veces jurídica) para ellos sino también les deja buenos dividendos desde el punto de vista político e institucional.

Al tomar los gobernadores la iniciativa tienen la ventaja de que, se supone, tienen la información más completa de las cosas, saben cómo presentarla, pueden construirse cierta base de apoyo comunitario haciendo ver disposición y colaboración, y ganan tiempo para corregir los entuertos de tipo financiero, los relacionados con adquisiciones y obras públicas o las transferencias de dinero público a las campañas de sus delfines.

En cambio, una actitud ofuscada o de plano necia, crea incentivos para las vendettas, opaca la posibilidad de hacer un balance reposado del gobierno que termina, desgasta aún más la imagen, y siembra odios y rencores irreversibles que pueden ocasionar su propio derrumbe político y personal. Los casos en que ha sucedido este escenario son abundantes.

Por tanto, lo más sensato es que los gobernadores entreguen bien y sigan el consejo de la enfermera cuando aplica una inyección: flojitos y cooperando.