La delincuencia operada desde las cárceles, de las cuáles Durango es un solo un ejemplo más, se ha convertido en un acontecimiento cotidiano y los gobiernos se limitan a creer que su control depende de construir nuevas penitenciarías, ampliar la capacidad de las ya existentes o culpar a otros. No es por allí.

Según la Presidencia de la República, en 1990 México contaba con 444 centros penitenciarios con capacidad para 61 mil reclusos y una población real de 93 mil personas; en 2009 existían 433 establecimientos para 171 mil internos pero allí se alojan 227 mil personas. Es decir, once penales menos y 134 mil presos más. La sobrepoblación y todas sus perversiones, en suma, no son nuevas: ha sido un prolongado proceso que ha hecho de las cárceles mexicanas auténticas escuelas del crimen.

En diversas ocasiones he propuesto la conveniencia de explorar, como ya ocurre en otros países, la privatización de las cárceles de tal manera que éstas sean íntegramente operadas por particulares bajo regulación y supervisión del Estado. En Estados Unidos hay numerosas experiencias exitosas al respecto, pero en otras partes está surgiendo una discusión que debe ser estudiada con seriedad antes de tirar el dinero del contribuyente a construir más instalaciones siguiendo el mismo modelo que hoy está en crisis.

En Perú, por ejemplo, un entusiasta empresario, Héctor Bellido Sánchez, que además preside el Instituto de Política y Cultura, un reputado think tank, se ha convertido desde hace tiempo en activo promotor de concesionar los penales ante el hecho de que la experiencia peruana “ha demostrado la incompetencia del Estado para… solucionar los problemas de hacinamiento, delincuencia, corrupción, reinserción y envilecimiento de la familia en el proceso de reforma y administración carcelaria”.

Bellido sostiene que el desastre carcelario no es por falta de recursos sino por falta de gerencia a todos los niveles de la administración penitenciaria, la cual genera un severo proceso de deterioro social y, de hecho, un círculo vicioso que empieza desde el momento en que hay una violación a la ley, pasa por el período de procuración e impartición de justicia, se acentúa durante el cumplimiento de la pena, y termina en una casi automática reincidencia ocasionada por la imposibilidad de reinsertarse adecuadamente a la vida social en condiciones económicas y familiares aceptables.

El viejo modelo de cárceles públicas, al menos en nuestros países, ha probado su completa ineficacia. Y según lo ha estudiado Bellido el diseño, la construcción, el financiamiento, el equipamiento y la operación de los penales por empresas particulares podría ser una muy buena alternativa a la horripilante descomposición que se vive en los sistemas penitenciarios de muchos países en América Latina.

Como bien dice este polifacético emprendedor peruano: “rompamos de una vez por todas con los paradigmas y mitos del manejo, por parte del sector privado, de los centros de reclusión”.