La remodelación de una parte del gabinete presidencial debe ser examinada con la lógica de la necesidad: Calderón tiene dos años para organizar la ingeniería de su propia sucesión y ésta pasa por reconocer, por un lado, la correlación de fuerzas políticas reales en el país y, por otro, que ensamblar un equipo compacto para operarla, aunque no sea de alto calibre, es indispensable si el objetivo final es impedir que gane el PRI en 2012 o, dicho de otra forma, promover la segunda alternancia. Lo importante es la estrategia, no los cambios.

El político Calderón tiene ante sí una doble cuestión política. Una es que ante la clara división del PAN tiene que aprovechar el tanque de oxígeno que le dio la elección del cuatro de julio para desplazar a sus adversarios del ecosistema partidista, que es en el que mejor se mueve, y poder conducir el proceso de nominación de una candidatura presidencial que le resulte transitable en el marco de los prejuicios que ha cultivado por largos años, aun a costa de que ésta no sea necesariamente panista.

El otro es reconocer, con pragmatismo, que hay un PRI que es mayoría en la Cámara de Diputados (y, de hecho, en el Senado) y en los gobiernos estatales, que todavía es el mejor colocado en las encuestas para 2012, y que es incierta por ahora la rentabilidad política concreta que le darán a Calderón y al PAN los gobiernos aliancistas surgidos en Oaxaca y Puebla, en particular. ¿Cómo lidiar con ambos lados de la cuestión?

Haciendo por lo pronto una presidencia esencialmente concentrada en la operación política y mucho menos en los temas de la agenda pública o las reformas estructurales. A la inversa del refrán: los siguientes dos años habrá una presidencia trabajando para las próximas elecciones y no para las próximas generaciones. Vayamos por partes. Lo primero es el efecto de las elecciones estatales reciente dentro del PRI, el adversario central de Calderón. A diferencia de la versión oficial, en términos generales es un resultado discreto para el PRI y para su dirigencia nacional.

En términos estadísticos, el PRI conserva los mismos gobiernos estatales que ya tenía pero su naturaleza es diferente. Desde un punto de vista político e histórico, perder Oaxaca, Puebla y Sinaloa no se compensa para nada con las victorias en Aguascalientes, Zacatecas o Tlaxcala.

Además, en los tres estados recuperados, el total de la lista nominal es de 2 millones 686 mil 56 personas y, en contraste, el de las entidades perdidas suma 8 millones 321 mil 262 electores.

Si se ve por número de votos obtenidos y salvo ajustes derivados cuando el proceso concluya, el PRI levantó en todo el país 5 millones 818 mil votos y el PAN 5 millones 136 mil sufragios, es decir, una diferencia de 682 mil votos, que es relativamente poco significativa.

¿Qué sugieren estos datos? Que en el cálculo de Calderón el PRI no es inalcanzable. (Continuará.)