Tras algo más de una década de numerosas propuestas de académicos, periodistas, políticos y empresarios, finalmente hay una iniciativa concreta en torno a algunos de los cambios que necesita el régimen político mexicano para hacerlo más funcional. Pero las primeras reacciones parecen eludir la discusión puntual del contenido de la iniciativa para centrarse, más bien, en lo que no incluye y ello anticipa la posibilidad de que una reforma que puede ser útil aborte por razones de cálculo político.

Hay dos desacuerdos principales. Uno es que, dicen algunos, la reforma no define qué tipo de régimen político se quiere construir o qué arquitectura institucional se pretende para aumentar los niveles de gobernación por la vía electoral. La otra es que, presuntamente, carga las modificaciones únicamente sobre la composición y la vida del legislativo pero nada hay, o muy poco, acerca del presidencialismo. Es probable que tales argumentos no carezcan de razón, pero sería grave que, por ello, se elija el camino más fácil, que es enviar la iniciativa a la congeladora. Veamos.

La experiencia mexicana de reformas políticas en la última década ha tendido a ser decepcionante porque en las múltiples comisiones, foros y circos que se han organizado al respecto ha prevalecido la idea inútil de alcanzar “la gran reforma del estado” y dadas las condiciones tan precarias que prevalecen en la cultura política lo que resulta generalmente son ajustes que no han mejorado sustancialmente el funcionamiento del régimen.

Por tanto, empantanarse ahora en una discusión conceptual o teórica es el mejor camino para desperdiciar una oportunidad de modernizar la vida institucional del país. Si, como dicen en España, esto es lo que hay, vamos entonces a debatir sobre las cosas específicas que Calderón ha enviado y hacerle las modificaciones que acuerde la mayoría legislativa.

El otro aspecto que alegan las oposiciones es que la iniciativa reduce el tamaño de las cámaras, introduce la reelección o plantea la segunda vuelta y otras reformas, pero que el Ejecutivo no pone nada para “acotar” el presidencialismo vigente. Entrar a la discusión sobre la naturaleza de este régimen es un callejón sin salida.

Por un lado, no hay en América Latina tradición cultural alguna que haga pensar que, por arte de magia, nuestros países van a inaugurar un estilo parlamentario para el que no tienen las capacidades de concertación indispensables o los incentivos adecuados. En suma, no está en nuestro DNA una sola célula parlamentaria que asegure su sana reproducción.

Por otro, como lo ha estudiado con rigor, información y brillantez José Córdoba en el mejor ensayo que se ha escrito sobre el tema (“Para gobernar México”, Nexos, diciembre 2009), esa idea de tener un régimen “semipresidencial” o algo parecido es una “ilusión” que desembocaría en un verdadero caos donde “llegaría a rememorarse con nostalgia el actual atolladero legislativo como una época de oro”.

No hay que darle tantas vueltas. Si ya hay una iniciativa, discutamos su contenido concreto.

Se reproduce con la autorización del diario La Razón www.razon.com.mx