Mi columna del viernes pasado (“PAN, corrupción y cinismo”) provocó algunos comentarios de los lectores que merecen ser examinados porque subyace en ellos una lógica explicativa que hace razonablemente claro por qué es tan difícil comprender la naturaleza del problema y, por tanto, superarlo.

Las reacciones se condensan básicamente en dos argumentos. Uno el de que es pronto, nueve años como gobierno del PAN, para erradicar una enfermedad arraigada y, el otro, que el nivel de corrupción actual es similar o menor incluso que durante el antiguo régimen. Me gustaría abordar ambos enfoques.

Más allá del desencuentro endémico de los mexicanos con la ley y con el Estado de Derecho en general, cuyos orígenes históricos y culturales han sido ampliamente estudiados, hay suficiente evidencia de que tanto el tamaño del Estado como los consecuentes excesos regulatorios han producido una ventana enorme de oportunidades para la corrupción por la sencilla razón de que, si el funcionamiento de buena parte de la economía depende de actos o decisiones frecuentemente discrecionales de autoridad, pueden pasar décadas con gobiernos de diversos colores y seguirá habiendo ilícitos porque la cuestión no es de tiempo, sino de arquitectura institucional y legal. Y esto es algo que los gobiernos del PAN no sólo no han entendido ni pavimentado, sino que han puesto albarda sobre aparejo.

En 2002, por ejemplo, la entonces Contraloría General encontró que había 6,500 regulaciones que normaban el comportamiento tan sólo del sector centralizado de la administración pública federal; pero, en lugar de hacer una reforma radical del esquema, la primera presidencia panista elevó los trámites de ese año y hasta 2008, en un conjunto seleccionado de dependencias como la SCT y otras, de 1793 a 3322, lo que obviamente creó fuertes incentivos para, como dijo un antiguo gobernador de Jalisco miembro de ese mismo partido, “bordear la ley”.

Esto explica que en el último reporte del Foro Económico Mundial México aparezca, sobre una muestra de 134 países, en el lugar número 85 en el “favoritismo de funcionarios públicos”, en el 100 en malversación de fondos públicos y en el 117 en el capítulo de regulaciones gubernamentales. Los simpatizantes panistas pueden alegar que esto viene de lejos y en parte tienen razón (la Corona española emitió, hasta 1635, según Hugh Thomas, más de 400 mil decretos de todo tipo), pero entonces lo que emerge es su profunda incompetencia para gobernar. En suma, en esta zona crítica de corrección, el desempeño de estos gobiernos ha sido fatal.

Ahora bien, ¿tiene validez decir que la corrupción es un problema de grado y que ahora es, supuestamente, menor que en el pasado? Lo veremos el miércoles

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