Como buenos integristas –es decir, excluyentes e hipócritas–, los dirigentes del PAN han empezado a hacer un acto de contrición al anunciar el procedimiento de expulsión del ex alcalde de Monterrey Adalberto Madero por la reiterada corrupción con que se condujo a lo largo de su gestión. Pero hay varias razones por las cuales dicho planteamiento es, en realidad, una grosera exhibición de cinismo.

La primera es que el pillaje de Madero fue todo el tiempo evidente. El tráfico de influencias y los abusos con licencias de construcción, permisos de funcionamiento de giros reglamentados, licitación de obras públicas o adquisiciones fueron lo normal en ese período y su partido lo supo y toleró hasta el final. Decir ahora que será excluido del partido por hechos presuntamente delictivos y no iniciarle un procedimiento penal y de responsabilidad pública quiere decir, en términos prácticos, encubrimiento.

El segundo problema es que no es el único mandatario panista bajo sospechas fundadas. La gestión del gobernador de Aguascalientes, por citar un ejemplo, ha sido escandalosa en este y otros terrenos, en muchos casos con evidencia documentada. Al menos uno de los dos senadores panistas de ese estado y varias agrupaciones civiles, como Conciencia Ecológica, han aportado información sobre actos de corrupción que debe ser investigada. Lo mismo sucedió durante la administración Fox y nadie ha dicho esta boca es mía.

Y la tercera razón es más grave porque es, además, política y moral. Los panistas hicieron del discurso de la honestidad uno de sus emblemas más caros, pero el saldo de los nueve años que llevan gobernando en el país ha alcanzado niveles proporcionalmente mayores a los del antiguo régimen.

Por ejemplo, en el índice 2009 de Transparencia Internacional México ocupó en 2001 el lugar número 51 entre 91 países y 3.5 de calificación; hoy está en el 89 entre 180 naciones y 3.3 de puntaje. En la Encuesta sobre Fraude y Corrupción 2008 de la consultora KPMG se reporta que el 44% de las empresas que operan en el país realiza pagos extraoficiales a funcionarios públicos y destinan hasta un 5% de sus ingresos anuales a ese fin; el 24% de esta corrupción ocurre en el gobierno federal. Y el Indice de Corrupción y Buen Gobierno (2007, último divulgado) de Transparencia Mexicana afirma que hoy se cometen en México cerca de 200 millones de actos de corrupción en materia de servicios públicos; en 2005 eran 115 millones.

¿Dónde está, pues, la honestidad de los gobiernos panistas o, al menos, su eficacia para combatir la corrupción en México? No se trata de eludir el punto desviando la atención hacia la cuestión del narco, la inseguridad, los diversos poderes judiciales o los niveles estatales y municipales, en todos los cuales hay desde luego problemas graves, sino de afrontarlo concretamente donde son partido gobernante.

Lo demás es cinismo.

Se reproduce con la autorización del diario La Razón www.razon.com.mx