El presidente Calderón y el Auditor Superior de la Federación se han lanzado recientemente, aunque por motivos distintos, contra los manejos presupuestales de los partidos políticos. Desde luego que ambos tienen razón en que es urgente transparentar las cuentas.

Pero el reclamo no deja de ser grotesco porque hay otras formaciones donde se registra una corrupción rampante y tanto el órgano de fiscalización como sobre todo el gobierno federal podrían haber promovido ya las reformas legales necesarias para permitir que las finanzas de, por ejemplo, los grandes sindicatos públicos fuesen rigurosamente auditadas, divulgados sus resultados y, en su caso, ejecutadas las sanciones respectivas. Decir ahora que se debe ser más exigente sólo con los partidos, algo que mal que bien ya hacen los organismos electorales, no pasa de ser demagogia pura.

Véase el caso del SNTE. La principal fuente de financiamiento de este sindicato, con poco más de millón y medio de afiliados, proviene de las cuotas correspondientes al 1% del salario de los trabajadores docentes y no docentes, lo que equivale a unos 100 millones de dólares anuales (unos mil 300 millones de pesos), más otras transferencias que por distintos conceptos hace la SEP al gremio y que están contenidas en las minutas derivadas de las negociaciones salariales anuales.

Las cantidades exactas de ambos renglones nadie las conoce porque ni Hacienda, que las entrega, ni la SEP, que las define, han dado jamás información puntual y verificable al respecto. El resultado es que el sindicato maneja con absoluta discrecionalidad ese dinero y por ello, presumiblemente, los niveles de corrupción son escandalosos. ¿Podría el gobierno haber corregido esta situación? Categóricamente, sí.

Primero, aún bajo el actual marco legal, que Hacienda diga públicamente el monto total de las transferencias al sindicato en nada contraviene la naturaleza de la relación laboral porque sólo hasta que el dinero ingresa al SNTE se vuelve inauditable para personas o entidades ajenas a la organización. Este ejercicio, sin embargo, no ha ocurrido.

Segundo, como se presenta una plena opacidad en la manipulación de esos recursos, es altamente probable que existan distintas modalidades de delitos fiscales, pero en este renglón tampoco se sabe que Hacienda haya investigado a fondo el problema ni, por ende, ejecutado procedimiento legal alguno contra los responsables.

Tercero, el gobierno jamás se ha interesado por romper el monopolio del SNTE en la relación laboral con la SEP –para alentar la existencia de, por ejemplo, varios sindicatos estatales–, ni promovido la eliminación de la cláusula de exclusión –mediante la cual el sindicato puede exigirle al patrón el despido de un trabajador que no quiera afiliarse a él–, ni suspendido la retención automática de cuotas, para que sea el trabajador quien voluntaria y libremente decida si contribuye o no a su sindicato. Nada de eso ha sido motivo de ocupación ni preocupación del supremo gobierno.

Si el presidente y su gobierno quieren tener un mínimo de credibilidad política y de autoridad moral en este aspecto, bien podrían empezar por allí.

Se reproduce con la autorización del diario La Razón www.razon.com.mx