El segundo argumento de algunos lectores —del tipo: “éstos (supuestamente) roban menos que los otros”— revela un inquietante agrietamiento moral y ético en el cuerpo de valores que deben cohesionar a una sociedad.

La corrupción no es sólo un asunto legal y económico, que son sus expresiones más visibles, sino también de actitud ciudadana o, dicho con propiedad, de la forma como la gente internaliza determinados valores y los vuelve habituales en su vida cotidiana en tanto parte de seres sociales.

En los países que mejor desempeño tienen en esta variable hay un rechazo colectivo, una exclusión social hacia aquellos que han cometido actos ilícitos no sólo porque es en sí misma la posición correcta, como comportamiento moral, sino porque se estima que los autores se han apropiado de bienes que le pertenecían al resto de la comunidad. Por tanto, ésta no puede, en sana lógica, seguir tan campante como si nada hubiera pasado porque entonces se le da a la corrupción una legitimación social que facilita su reproducción o, peor todavía, se le hace emblemática y se convierte en un modelo a imitar porque brinda, por la vía rápida, un ascenso social y económico de otra forma imposible.

Cuando se razona de esa forma y se dice que es un mal menor que los de ahora roben, teóricamente, en proporciones más bajas que los de atrás, se cae en el peor de los casos —y que está en la raíz de muchos de los males sociales— que es una especie de ilegalidad consentida en donde todo es negociable, donde transar es inevitable para avanzar, y siempre y cuando no llegue a los presuntos niveles de otras épocas, es, en una palabra, aceptable. Ésta no es la mejor forma de edificar una sociedad fuerte, autónoma y funcional.

Pero veamos el argumento desde otro lado. Si, según algunos, antes la corrupción era, digamos, de tal cantidad y ahora es menor ¿es tolerable? Desde luego que no, porque con ese criterio entonces muchas otras violaciones a la ley entran a la categoría de lo negociable y mediante tal justificación llegamos al perverso dilema ético de poner en la misma balanza, por ejemplo, lograr unos puntos de crecimiento económico a cambio de violaciones a los derechos humanos o, usando el ejemplo silvestre que se escucha a veces, “que roben pero que hagan”. Tampoco es éste el camino.

Finalmente: “apenas llevan los del PAN nueve años”. Pues son casi los mismos que les tomó a los chilenos duplicar su PIB o a los chinos sacar de la pobreza a unos 50 millones de personas. Estamos entonces ante un problema no de poco tiempo, sino de incompetencia, de ineficiencia o, de plano, de corrupción continuada. Basta ver las cifras en que ha crecido el gasto público y contrastarlo con los resultados en casi cualquier indicador para darse cuenta de que hay una zona crecientemente opaca y sospechosa.

¿Ha mejorado México en este terreno? La respuesta más consistente es que no.

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