Como bien lo confirma La Razón ayer, se ha vuelto parte del paisaje cotidiano leer noticias sobre la crisis en la abrumadora mayoría de los penales mexicanos, si acaso con la relativa excepción de los de alta seguridad, a menos que también en ellos pasen cosas pero que nadie se entere.

El caso es que los reclusorios son ahora un microcosmos de las miserias humanas y nacionales: desde allí se trafica con armas, drogas y dinero, se organizan secuestros, se comercia con el sexo, se violan los derechos humanos y se producen ínsulas perversas de autogobierno que nadie ha podido controlar ni, menos, corregir.

Los diversos gobiernos no quieren meterle mano porque finalmente suponen que no hay remedio y, además, porque es un tema que no luce políticamente ni merece mayor inversión pues esos establecimientos simbolizan ese miasma del que nadie desea ocuparse seriamente.

Los datos son alarmantes: según el III Informe Presidencial, en 1990 había 444 centros penitenciarios; hoy son 433, que tienen capacidad física para alojar a 171 mil internos, pero el total de los que ahora se encuentran en ellos es de 227 mil, es decir, una sobrepoblación de casi 35%. Además, en la mayoría de ellos conviven procesados y sentenciados, contraviniendo las disposiciones legales que establecen mantenerlos separados.

Pues bien, en la actualidad hay algunos gobiernos estatales que están esperando recursos federales para construir nuevos establecimientos que muy probablemente reproducirán los mismos vicios de los ya existentes porque el modelo de operación —corrupción entre autoridades y reos, creación de estructuras propias de poder al margen del estado y de las leyes, dinámicas de mercado propias para traficar con todo— será análogo.

¿Por qué, entonces, no pensar en invitar a la iniciativa privada a operar íntegramente, a nivel experimental, dos o tres centros penitenciarios, con la finalidad de instrumentar una modalidad alternativa y medir sus resultados?.

La tendencia no es para nada nueva. En 1990 las prisiones privadas manejaban a 15, 300 internos en el mundo; ahora son más de 150 mil; sólo en EU hay 158 prisiones privadas en 30 estados, todas ellas operadas con inversión privada, y el saldo es una menor reincidencia y reducción de fugas y desórdenes internos.

Éstas son justamente las decisiones que los gobiernos deben evaluar si quieren, por un lado, explorar opciones diferentes para ir resolviendo las distintas aristas de la inseguridad en México y, por otro, si pretenden en verdad mejorar la calidad del sector público.

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