Se ha vuelto un lugar común, al menos desde los años ochenta, pedir más dinero para apoyar eso que de manera genérica se llama ciencia y tecnología. Y si bien la argumentación es lógica porque buena parte del crecimiento y la competitividad de un país derivan de la innovación y el desarrollo que se generan en ese sector, también es verdad que el planteamiento, formulado de manera indiscriminada, significa echarle más dinero a un saco que está roto y lo aconsejable es remendarlo primero.

El Senado de la República acaba de hacer la recomendación más reciente y pide a su colegisladora que en el presupuesto federal para 2010 eleve a 1% del PIB lo que México coloca en este renglón. Suena bien, pero hay que poner las cosas en perspectiva.

Nuestro país gasta apenas el 0.4% del PIB en I+D, una proporción baja en comparación con otros países, como Brasil, que alcanza más del doble (0.9%) o Corea, que casi llega al 3%. Sin embargo, la cifra mexicana esconde dos matices importantes. Uno es que ese modesto porcentaje proviene principalmente de la inversión pública, lo que supone que las empresas gastan poco en I+D; y el otro es que una parte considerable de esos recursos es dirigida a hacer investigación básica generalmente en áreas muy tradicionales del conocimiento. En buena medida esto explica la reducida base tecnológica de la producción industrial mexicana.

Éste es un punto medular para orientar correctamente la inversión.

Desde un punto de vista digamos filosófico está muy bien que las universidades públicas reflexionen sobre todo lo humano y lo divino, y que muchos de sus investigadores dediquen años y años a redactar “papers”, publicar en revistas especializadas y asistir a congresos para ascender en el escalafón y subir de nivel en el Sistema Nacional de Investigadores.

Pero en un contexto de recursos limitados y a la luz de la evidencia que ofrecen los casos exitosos de desarrollo en el mundo, me parece que en la asignación de inversión en I+D, bien en su porcentaje actual o bien en los incrementos que registre en lo futuro, debe haber una metodología que permita definir, primero, los sectores estratégicos prioritarios cuya investigación merece ser financiada; enfatizar que, en una era de cambios vertiginosos, es indispensable privilegiar la investigación aplicada en temas relevantes para el país, y establecer ciertos criterios de medición y rendición de cuentas de lo que la comunidad científica y tecnológica hace con ese dinero.

Mientras no se reorganice la actual arquitectura del gasto en I+D, cualquier peso adicional lucirá políticamente correcto y será saludado como muestra de “sensibilidad” pero no tendrá mayores consecuencias en el crecimiento de la economía ni, peor aún, en la calidad de vida de la sociedad.

Se reproduce con la autorización del diario La Razón www.razon.com.mx