Cuando se analizan el derroche y el despilfarro en la forma como los gobiernos, en plural, gastan los dineros del contribuyente que les autorizan los diputados, lo que aparece es una verdadera antología del horror fiscal y financiero de México.

Véanse si no algunas evidencias tomadas del estudio del IMCO “Finanzas Públicas en Tiempos de Crisis”, que sus investigadores Emilio Granados y Édgar Franco presentaron el martes pasado en el Tecnológico de Monterrey:

• Mantener el subsidio a la gasolina es regresivo e inequitativo: el propietario de una Hummer, por ejemplo, se beneficia con unos 1840 pesos mensuales; en cambio, una familia de cuatro integrantes recibe, en el mismo lapso, 1380 pesos del programa Oportunidades.

• El sobreejercicio presupuestal de los estados, entre 2006 y 2008, fue de casi 359 mil millones de pesos (mmdp), dinero que, de haber sido bien invertido, hubiera alcanzado para unos 716 hospitales del IMSS.

• Unas 22 entidades federativas recaudan localmente menos del 10% de su gasto total, lo que quiere decir, en cierto modo, que han desarrollado una profunda economía parasitaria de las aportaciones y transferencias federales.

• Los estados y municipios se han dedicado, en los últimos años, a aumentar sin miramientos el gasto corriente. ¿En qué? En nómina, salarios y privilegios de su burocracia. Uno de los peores ejemplos es Colima: a su personal les da carretadas de dinero bajo la forma de bonos “especiales”, “del burócrata”, “compra de juguetes”, “estímulo personal”, “estímulo a la puntualidad”, “Día de Reyes”, “ayuda para renta” o “por asistencia”.

• En cambio, la inversión en obra pública se mantuvo por muy debajo. En Jalisco, Michoacán y Veracruz, por citar algunos casos, las partidas para servicios personales oscilan (en pesos constantes de 2005) de 14 a 21 mmdp anuales, y las destinadas a obra pública tan sólo entre 3 y 5 mmdp. El caso más escandaloso es Tabasco: mientras que el gasto en nómina creció a una tasa de 36% anual, el de obra pública tuvo un decremento anual de 40%.

• Otra perla: en Coahuila, la legislación estatal autoriza al gobernador a que, bajo una vaga definición de “programas sociales, prioritarios o de inversión pública”, aplique los excedentes presupuestales como mejor le parezca.

• Si de aumentos fiscales se trata, el estudio demuestra, al menos para los últimos ocho años, que cuando la tasa del ISR ha estado más baja es cuando mayor ha sido la recaudación de este impuesto.

• Con la excepción de cinco entidades, en todas las demás el nivel creciente de gasto público no ha impactado positivamente el Índice de Desarrollo Humano.

Pues bien ¿podrían las comisiones de la cámara de Diputados, los gobiernos estatales y municipales o el gobierno federal explicarle a los mexicanos con qué criterios de eficacia social o productiva, de orden o disciplina y de rentabilidad económica van a decidir la asignación del presupuesto para 2010?

Más allá de las complicidades de la coyuntura, el dispendio y el abuso de un dinero que no les pertenece son algo política y moralmente condenables.

Se reproduce con la autorización del diario La Razón www.razon.com.mx