Una de las paradojas que trajo la alternancia fue que mientras la normalidad democrática se ha venido asentando en los procesos electorales, las prácticas políticas, en cambio, regresaron a los hábitos de la segunda mitad del siglo pasado. Veamos.

La primera característica ha sido el enorme debilitamiento de la institución presidencial. El desembarco de Vicente Fox en Los Pinos inició una era en la que la frivolidad, la ignorancia y la ineficacia profundizaron de tal suerte la fragmentación del poder en el sistema político que el presidente en turno acabó por convertirse ya no en un mandatario nacional, sino en un pequeño virrey con autoridad real tan sólo en una parte del gobierno federal (puesto que Hacienda, Relaciones, la SEP o las fuerzas armadas, entre otras, son controladas por los servicios civiles o el monopolio sindical) generando por tanto, un claro vacío que, naturalmente, pronto fue llenado por otros actores relevantes.

Por tanto, esa fragmentación, que los teóricos llaman “policracia”, benefició directamente a gobernadores y alcaldes que ante la evaporación del peso presidencial convirtieron sus territorios en una colección de pequeños reinos donde ellos -y nadie más- mandan de cabo a rabo.

Para empezar, tienen ahora más facultades y competencias que nunca antes. Administran la educación y la salud públicas; deciden sobre buena parte de las regulaciones que afectan la vida económica; manejan 355 mil de los 380 mil policías que existen en el país; ordenan casi íntegramente el desarrollo urbano (y por supuesto las licencias de todo tipo) y tripulan las dirigencias estatales de los partidos políticos a que pertenecen.

Pero además cuentan con recursos financieros verdaderamente abundantes. Tan sólo la nómina municipal ha crecido 69% del 2001 a la fecha y en los últimos veinte años las participaciones federales a los estados, su principal fuente presupuestal, creció de 20 mil a 400 mil millones de pesos, sin incluir todo el amplio abanico de transferencias asignadas a distintos renglones de gasto como infraestructura, programas sociales, educación, seguridad pública y un largo etcétera que no sólo los ha hecho fiscalmente perezosos (puesto que cobran muy pocos impuestos locales), sino que les da un margen de maniobra económica que administran con largueza y opacidad rampantes.

Si los virreyes locales tienen ahora tanto poder y dinero y no hay en los hechos un sistema de contrapesos en el Presidente de la República (que en repetidas ocasiones los derribó del puesto en el pasado) ni en sus propios partidos ni mucho menos en los congresos locales, los incentivos para que consideren sus estados como un territorio que les ha sido escriturado a perpetuidad son naturalmente muy elevados, lo que en buena medida explica la irresponsabilidad, la ineficiencia, la corrupción y el regreso a los modos más primitivos de hacer política.

Cuando el año próximo se celebre el bicentenario no será por el ingreso de México a la modernidad política, sino por la vuelta al pasado feudal.

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