Durante mucho tiempo Martha Stewart ha sido calificada como la “mamá de América”. Cada mañana, desde la televisión, ofrece legendarios consejos para organizar una boda, poner una mesa elegante, cocinar pasteles o decorar huevos de Pascua, gracias a lo cual construyó un imperio empresarial que le ha permitido amasar una fortuna cercana a los 700 millones de dólares.

Pero también, en alguno de sus ratos libres, le dio vuelo a la codicia, ese sentimiento tan humano, al haber conspirado, rendido falso testimonio y obstruido a la justicia en un caso de uso de información privilegiada —lo que en inglés se conoce como insider trading— sobre acciones de una empresa cuyo valor estaba por caer tras la negativa de la autoridad regulatoria de EU a permitirle la comercialización de un medicamento. Stewart fue condenada a cumplir una pena en prisión al ser declarada culpable de esos delitos.

Pues bien, esta semana la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició una investigación parecida porque, presuntamente, diversas personas —¿accionistas, miembros del consejo, intermediarios?— podrían haberse beneficiado al enterarse por anticipado de que el Chicago Mercantile Exchange planeaba entrar como socio de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), lo que elevó súbitamente el precio de la acción de ésta. De prosperar la investigación y de haber la suficiente voluntad por parte del regulador, ésta podría quizá ser la primera vez en México en que el uso de información privilegiada lleva a la cárcel a unos pícaros.

El asunto no es menor por varias razones. La primera es porque toda economía de mercado que se precie de serlo tiene que garantizar que la información disponible para los agentes (y en general para todos) es simétrica y brinda oportunidades equitativas de participar de las ganancias lícitas que los instrumentos bursátiles ofrecen.

La segunda es que si la BMV, que hasta ahora tiene todavía tan pocos jugadores, quiere incentivar el ingreso de nuevas empresas a ese mercado, tiene que dar muestras claras de que los participantes están tratando con profesionales, y no con un simple mecanismo controlado por unas cuantas casas de bolsa que son capaces, en posible contubernio con emisoras u otros intermediarios, de cometer un delito que lesiona evidentemente la confianza de una fuente de financiamiento aún por desarrollarse plenamente en México.

La tercera es que la credibilidad de los actores del sistema financiero ha venido tan a menos en los últimos años que una negligencia de la autoridad reguladora, la CNBV, en el ejercicio de sus facultades sería vista no como una impericia legal o técnica, sino, peor, como una complicidad con quienes hayan, en su caso, cometido un delito.

El desencuentro de los mexicanos con la ley es, ciertamente, un problema endémico. Sería fatal confirmarlo en una zona tan sensible para la vida económica del país.

Se reproduce con la autorización del diario La Razón www.razon.com.mx