Según informa La Razón, la Comisión Permanente pidió al secretario de Seguridad Pública (SSP) datos acerca del proyecto de concesionar a particulares la construcción de 12 nuevos penales bajo el argumento de que "la experiencia demuestra que la participación privada en un ámbito tan delicado como la reinserción social entraña riesgos”. Como de costumbre, los legisladores no tienen idea de lo que están hablando. Veamos.

La evidencia disponible es exactamente la opuesta. La idea de incluir a particulares en una función que ha sido esencialmente pública es antigua. Jeremy Bentham, quién diseñó una innovación arquitectónica carcelaria llamada "panóptico" para facilitar una máxima visibilidad e inspección (usada, por cierto, en la construcción de Lecumberri) , se pronunció, nada menos que en 1791, por la gestión privada de las prisiones y propuso diversos mecanismos de responsabilidad para garantizar la calidad, dar un trato adecuado a los reclusos y mantener un esquema muy estricto de supervisión y escrutinio público del funcionamiento del servicio.

Ya en 1980, derivado de los problemas de ineficiencia, sobrepoblación y costos, en distintos países la actividad carcelaria empezó a ser transferida a particulares. En Estados Unidos, por ejemplo, la llamada "crisis de las cárceles" llevó a gobiernos locales y estatales, responsables de alrededor de un 90% de los gastos penitenciarios totales, a explorar alternativas y aunque la proporción público/privada está lejos de ser simétrica, esta singular industria ha crecido consistentemente. Solo una empresa, Corrections Corporation of America, probablemente la más relevante, administra ya 65 instalaciones en 19 estados y el Distrito de Columbia que albergan a 72 mil internos, o sea, un tercio de los que hay en las cárceles mexicanas.

¿Es descabellada esta opción para México? Para nada

En primer lugar, administrar el sistema penitenciario del país ha sido un dolor de cabeza para las autoridades y todos desprecian esta tarea. Transferirlo ahora, en algún grado, a particulares, le daría a esa cuestión la relevancia que en verdad tiene para el sistema legal.

La sobrepoblación es el segundo problema. De acuerdo con la SSP, en 2008 había 218 mil internos mientras que la capacidad instalada da sólo para 167 mil. Para todos los efectos, las cárceles mexicanas son un infierno y las autoridades no van a modificar la situación imperante por la arraigada corrupción policiaca y carcelaria y las restricciones presupuestales.

Tercero: los legisladores hablan de “reinserción”. Pues bien, algunos estudios indican que las tasas de reincidencia son menores entre quienes purgaron una condena en prisiones privadas que en las públicas y las fugas son 66% más bajas en los sistemas concesionados.

Finalmente, el estado tiene políticas públicas cuyo financiamiento debe priorizar. Todos los gobiernos se quejan de que no tienen recursos para mejorar ni controlar eficazmente las penitenciarias. Si los recursos son limitados, ¿no debería el Estado asignarlos mejor a tareas como educación o salud, habiendo alternativas para que la gestión privada financie y maneje, y quizá más eficientemente, algo como las prisiones? Es puro sentido común.

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