En los últimos años la administración Calderón se ha concentrado en ejecutar lo que llama una estrategia contra el narcotráfico, y, por ende, todos los días su gobierno y los medios se dedican a informar de arrestos, levantones, decomisos, desmantelamiento de laboratorios y un largo etcétera que ha pasado ya a ser parte del imaginario colectivo y la cultura popular. Pero nadie sabe aún si esta es una guerra que se va ganando o no. Veamos.

Don Jesús Reyes Heroles solía decir que solo hay dos clases de funcionarios: los que resuelven y los que explican. En el presente, los protagonistas más directos de esa guerra –el procurador Medina Mora y el secretario García Luna— han resultado competentes solo en lo segundo y quizá es momento de que sean reemplazados. Las razones son varias.

La primera es que el enfoque ha sido equivocado. En todo fenómeno delictivo subyace una lógica de mercado en la que, como tal, existen dos partes –oferta y demanda- y una sofisticada estructura de redes, como corresponde a todo negocio competitivo. Pero en lugar de abordarla con esa perspectiva, el gobierno sigue una lógica de guerra que ataca solo el lado de la oferta y opera de manera vertical lo que produce una respuesta ineficaz.

Para el gobierno debe ser fascinante salir todo el tiempo en TV incinerando mariguana, exhibiendo delincuentes o mostrando dinero confiscado, pero bajo ninguna circunstancia esto es evidencia de éxito porque no hay indicadores duros de medición de lo que realmente transita y se produce en México. Y las estimaciones que hay no avalan la sobrevendida estrategia valiente: por ejemplo, según el Departamento de Estado de EU, México sigue siendo su principal proveedor de mariguana, el 99% de toda la metanfetamina producida en México se exporta al otro lado y por aquí pasa el 90% de la cocaína que se consume en ese mismo país.

El segundo problema es que mientras seis dependencias federales se dedican a perseguir al narco, la delincuencia, que se adapta con mucha agilidad a las circunstancias, muda rápidamente hacia otras actividades ilícitas como el tráfico de armas y órganos humanos, la falsificación –desde medicamentos hasta refacciones de todo tipo- o el robo a gran escala de vehículos o de gasolina, entre otras cosas, generando un nuevo tipo de demanda con consecuencias similares a las del tráfico de drogas. O sea, trátese de una cosa u otra, delincuencia pura y dura.

Y el tercero es que la idea de “rescates territoriales” que Calderón pretendió adoptar de Medellín, Colombia, sencillamente ha sido un fracaso: basta ver los mapas delictivos de Michoacán, Ciudad Juárez y Tijuana o la creciente infiltración de la delincuencia en los cuerpos policiacos federales y subnacionales.

Parece hora, como ha propuesto el congresista norteamericano Eliot Engel a su gobierno, de hacer una pausa en esta guerra para saber exactamente de qué se trata y dónde estamos, y de cambiar tanto el enfoque estratégico como a los responsables de ejecutarlo.

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