Después del 8 de septiembre, cuando el Ejecutivo envíe a la cámara de Diputados el paquete económico para 2010, veremos una de las distorsiones más lamentables que ha producido el tránsito, en el México de estos días, de la presidencia imperial al feudalismo regional y que consiste en la peregrinación de alcaldes, gobernadores, sindicalistas y cabilderos de toda laya ante las comisiones legislativas buscando romper la piñata del presupuesto, levantar lo que se pueda y dar rienda suelta al derroche, la corrupción y la ineficiencia en el ejercicio del gasto público.

En los últimos días los medios han reportado el enfurecido reclamo de los actores políticos exigiendo del gobierno federal la dotación de más recursos so pena de que algunos municipios y estados dejen de prestar eventualmente los servicios públicos básicos a que están obligados. Es probable que el agobio sea cierto, pero lo que no se ha contado es que buena parte de los gobiernos locales llegaron a tal situación después de una persistente historia de gasto desorbitado, de excesos presupuestales o de mala planeación financiera.

Pongamos las cosas en un contexto realista. Desde principios de los años noventa todos los estados, sin excepción, han recibido más dinero que nunca antes en la historia. Tan solo entre 1990 y 2008 las participaciones federales crecieron veinte veces y el gasto federal programable ocho veces; además, la federación transfiere otros renglones de gasto a través de fondos para pobreza, educación superior pública, seguridad pública, salud, cultura y campo, entre otros, o mediante la inversión que directamente ejecuta la federación en los estados para infraestructura.

Esto ha creado varios incentivos perversos que los gobernadores y alcaldes esconden bajo la alfombra.
Uno es que ya se acostumbraron a no cobrar impuestos locales ni a mejorar la estructura de recaudación de ingresos propios porque para eso está la federación; otro es que como hay sectores que no lucen políticamente y que paga la federación –educación y tecnología, por ejemplo- entonces es preferible gastar en ferias, promoción personal, fábricas de bicicletas, despensas o cobijas, en lugar de “invertir” en áreas que impulsen el crecimiento o la competitividad de sus regiones; y una tercera es que, con arca abierta, el gasto corriente –en especial sueldos, salarios, prestaciones- se ha elevado de manera desaforada para que los barones territoriales repartan favores y ensanchen clientelas. Según los hallazgos de Juan Pardinas, consultor del IMCO, en los últimos años este capítulo presupuestal aumentó 43% a nivel estatal y 69% en los municipios, y, mientras el gasto en nómina promedia mil 800 pesos por habitante, el destinado a obra pública alcanza solo 808 pesos per cápita enel país.

Una conclusión es que no hay ni habrá, jamás, dinero público alguno que alcance para satisfacer tales niveles de voracidad presupuestal y de irresponsabilidad política. Pero la otra, peor aún, es que nadie parece estar dispuesto a actuar con sensatez y decidir con inteligencia.

Se reproduce con la autorización del diario La Razón www.razon.com.mx