Cartagena de Indias.- Son tres los mayores desafíos que la región tiene por delante: afianzar e incrementar la calidad de la democracia y la gobernabilidad; disminuir los niveles de pobreza y desigualdad, y consolidar las reformas económicas con un sentido social y de equidad. Como diría Jack el Destripador, vayamos por partes.

Hay un acuerdo muy extendido en que en la región se observan signos de crisis económica e institucional que han producido escepticismo o, en algunos casos, franca irritación con las medidas aplicadas para reformar el Estado.

La euforia inicial que generó el retorno de la democracia en algunas naciones, su perfeccionamiento en otras, o su establecimiento por vez primera en algunas más con escasa tradición democrática, ha sido de alguna manera reemplazada por una creciente desilusión con el funcionamiento de las instituciones representativas. Ello ha conducido a dos fenómenos peligrosos para la gobernabilidad: por un lado, el regreso a prácticas políticas que se creían desterradas, y, por otro, la pulverización de las opciones institucionales que puede contribuir a profundizar la desilusión, al abuso de poder, a querer desandar las reformas económicas realizadas o, de plano, a no promover las que ahora se requieren urgentemente.

El enfoque, por tanto, es ahora más difícil pero también indispensable: América Latina necesita ir más allá de los procesos electorales y mejorar la calidad de la democracia, superar el déficit ciudadano, profundizar las libertades políticas, estimular un sistema representativo con partidos que funcionen correctamente, con asociaciones ciudadanas basadas en intereses comunes, y con una sociedad civil fuerte y dinámica.

En ese contexto, México, por ejemplo, debe decidir estos meses si el actual sistema político que tiene sigue siendo funcional, si hay que dejar el presidencialismo o transitar hacia un modelo semiparlamentario, en el cual todos los partidos, y no sólo el que está en la presidencia, encuentren incentivos para concertar las reformas y las políticas públicas.

El segundo gran desafío es la pobreza y la equidad, y es, de lejos, el más importante. En la actualidad existen en América Latina unos 189 millones de pobres, de los que 76 millones son indigentes, lo que significa que la pobreza llegó al 34% y la indigencia al 13%. Para llegar a la meta de la Declaración del Milenio de la ONU de reducir la pobreza extrema a la mitad para el año 2015, el producto total debería crecer al menos un 5 o 6 por ciento anual durante los próximos años. Como puede advertirse, en las circunstancias actuales, será imposible cumplir ese objetivo.

¿Cómo romper ese círculo vicioso? ¿Cómo diseñar y ejecutar políticas económicas y sociales que amplíen la base productiva y conserven la disciplina presupuestal, pero que, al mismo tiempo, propicien una redistribución progresiva del ingreso y un crecimiento que eleve más rápidamente el nivel de vida de la población más pobre? Sólo haciendo las reformas económicas y educativas que hagan más competitivas las economías de América Latina, como lo veremos el viernes.

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