Hay tres razones por las cuales el Ejército está en las calles. Una es porque es lo que más se acerca a una policía nacional. Otra, por consecuencia, que teóricamente es menos proclive a las infiltraciones de la delincuencia. Y finalmente porque Calderón decidió que, como el combate al crimen organizado es una “guerra”, entonces es la institución adecuada para librarla. ¿Es así? Veamos.

En México existen alrededor de 2 mil corporaciones que realizan funciones policiacas y que agrupan, en conjunto, unos 380 mil elementos. De ellos, algo más de 90 por ciento pertenece a las esferas estatales y municipales de gobierno. Como es evidente, es prácticamente imposible orientar la acción de esas corporaciones de una manera coordinada y eficaz, independientemente de otros problemas operativos que se presentan todos los días. Por tanto, el ejército, una entidad organizada de manera centralizada, jerárquica y vertical, fue visto como sucedáneo de una policía nacional.

Sin embargo, a diferencia, por ejemplo, de Carabineros de Chile o las policías nacionales de España y Colombia, el Ejército Mexicano no fue entrenado para realizar tareas de seguridad pública, no comprende su dinámica en el sentido multidisciplinario que tiene y quizá carece del concepto de inteligencia estratégica y logística que requiere una visión sofisticada –y eficaz– del fenómeno delictivo urbano.

La segunda cuestión es si, como se cree, se trata de una institución inmune a la connivencia con delincuentes. Es probable que la contaminación dentro las fuerzas armadas sea menor a la de las corporaciones policiacas, pero ha habido varios casos de militares importantes coludidos que muestran una historia menos lustrosa de lo que se piensa convencionalmente, y como no hay transparencia alguna de lo que sucede al interior del sistema de justicia militar, es difícil conocer la dimensión real de la corrosión.

En tercer término, a estas alturas es claro que la lógica de guerra con que el gobierno ha enfocado el combate a la delincuencia –y a cuyo amparo se conduce el Ejército– es distinta de la lógica de manejo de la seguridad pública y, desde luego, de la lógica económica que subyace en el negocio del crimen organizado. Al elegir sólo la primera para abordar el reto, parece evidente que podrá ir aumentando la estadística de muertes, detenciones e incautación de armas o efectivo, pero el problema no desaparecerá.

Como no se cuenta todavía con indicadores técnicos aceptados y estandarizados contra los cuales medir la eficacia o no de los operativos, no se sabe si lo realizado en este campo es mucho o poco, bueno o malo. Decir, por ejemplo, que en México hay menos asesinatos por cada cien mil habitantes que en Brasil o Guatemala explica poco porque hay decenas de países en los que el comparativo es justamente al revés.

La confusión en el significado de estas variables, por último, tal vez explique por qué estamos transitando del ejército en las calles a las calles del Ejército.

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