A raíz del asesinato de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, durante un presunto enfrentamiento entre soldados y sicarios, se ha intensificado la controversia sobre cómo organizar, mientras dure, la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Por un lado, el presidente Calderón ha propuesto reformar tanto la Ley de Seguridad Nacional como otras a fin de encontrar el formato legal apropiado para ese tipo de intervención. Pero, por otro, muchos actores políticos, instituciones académicas como el propio Tec de Monterrey y organismos internacionales, tras las reiteradas y en algunos casos comprobadas denuncias de abusos cometidos por militares contra población civil, han planteado la necesidad de que dicho papel se ejerza bajo reglas muy claras y con una contraprestación muy específica que consiste en que cuando haya presunción de violaciones castrenses a los derechos humanos y la integridad física y patrimonial de las personas, éstas sean juzgadas en el sistema civil de justicia penal. Un arreglo jurídico de esa naturaleza es conveniente y nadie puede negarse a ello.

La experiencia internacional en la materia parte de dos supuestos: que en países donde no existe una policía nacional única (y recordemos que en México hay más de dos mil) y donde la delincuencia organizada representa un desafío bélico al estado, es inevitable usar, al menos a corto plazo, al Ejército. Hasta allí parece lógico.

Pero la misma evidencia internacional, como lo admite la policía colombiana, el mejor ejemplo en América Latina en contextos violentos, muestra que ese esquema funciona sólo si la participación militar es eficiente, si la brutalidad es mínima y si la corrupción es baja. No es el caso mexicano.

En materia de eficiencia, es decir, que el Estado esté ganando esta “guerra”, hay serias dudas. Según los reportes internacionales, México sigue siendo un notable exportador de drogas ilícitas a Estados Unidos. Un ejemplo: el Departamento de Justicia de ese país estima que la producción de heroína en México se incrementó de 17 a 38 toneladas estos años y que las bandas mexicanas de narcotraficantes son ya “la mayor amenaza para EU”. En materia de abusos, la Defensa Nacional es la dependencia que ha recibido el mayor número de quejas ante la CNDH y es abundante la documentación de violaciones, torturas o vejaciones en contra de civiles. Y en cuanto a corrupción, no son infrecuentes los émulos del general Gutiérrez Rebollo, pero como el sistema de justicia militar es, en la práctica, un régimen de excepción es imposible identificar más casos de estas últimas dos incidencias, lo que adicionalmente incentiva la impunidad uniformada.

La conclusión es que, en la coyuntura, probablemente la participación militar en este campo es la única opción viable, pero tenderá a agotarse en la medida en que los resultados de la acción del Estado no sean los óptimos, en que se sigan cometiendo abusos y en que se siga ejerciendo en medio de un vacío legal, técnico y operativo

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