El asesinato de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey durante un presunto enfrentamiento entre soldados y sicarios ha elevado el nivel de preocupación tanto por la debilidad del fundamento legal con que el Ejército participa en tareas relacionadas con la seguridad pública como por su discutible eficacia en el combate al crimen organizado.

Primero los hechos. Según el secretario de Gobernación, los estudiantes fueron abatidos estando “del lado” en que los militares “eran agredidos”, pero no hay pruebas de que así sucedió. Por un lado, no hay rastro ni huella de sicario alguno, y, por otro, los videos que podrían esclarecer la verdad fueron requisados por el Ejército. Éste acordonó la zona de los acontecimientos durante unas cinco horas e impidió ilegalmente que el ministerio público diera fe de lo que pasó. Todo ello sugiere que podría haberse producido una manipulación de evidencia.

La gravedad de los crímenes, además de una categórica condena, exige una investigación profunda realizada conjuntamente por las autoridades civiles federales y estatales, y aquí empieza el problema estructural de este tipo de tragedias y es la imposibilidad de someter a los soldados a los procedimientos penales regulares porque el Ejército, al amparo del Código de Justicia Militar, en la práctica encubre a sus miembros, como lo han exhibido numerosos reportes internacionales.

Human Rights Watch dijo por ejemplo en abril pasado: “En el marco de las actividades de seguridad pública, las fuerzas armadas mexicanas han cometido graves violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias. (…) Una de las principales causas por las cuales estos abusos continúan ocurriendo es que los responsables no son sancionados. Y esta falta de sanciones se debe, en gran parte, a que la mayoría de estos casos terminan siendo investigados y juzgados por los propios militares… mediante un sistema de justicia militar que carece de garantías básicas de independencia e imparcialidad. México está, en los hechos, permitiendo que los militares que participan en actividades de seguridad pública cometan violaciones atroces de derechos humanos impunemente”.

El otro aspecto de la cuestión tiene que ver con la falta de un soporte legal que regule el papel del Ejército en estas tareas. El artículo 129 constitucional establece que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar” y el presidente Calderón propuso hace once meses reformar la Ley de Seguridad Nacional para normar su papel en los operativos. Los opositores a esta iniciativa argumentan que hay en ella elementos de inconstitucionalidad y que abre la puerta a mayores abusos dada la protección que les brinda la legislación militar.

Cualquiera que sea la posición correcta, lo cierto es que los excesos, los abusos o los errores tienen que ser frenados ya. Ante lo irreparable de estas vidas segadas, lo menos que sus familias merecen es que los militares y todas las autoridades policiacas respeten íntegramente la ley y los derechos humanos.

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