San Pedro es un pequeño municipio en las goteras de Monterrey. No se le conoce por haber encabezado alguna gesta heroica ni por su densidad cultural, su sofisticación intelectual o su exquisitez arquitectónica, sino, básicamente, por ser el de mayor ingreso per cápita en el país y tener, actualmente, a un excéntrico alcalde.

Ahora, en consonancia con esos rasgos tan peculiares, un puñado de vecinos ha protestado por el establecimiento de unas tiendas del grupo WalMart con el pretexto de que van a generar “conflicto vial”. El asunto, en sí mismo, es menor, pero también revelador del tipo de ciudadanía con que el país cuenta. Veamos.

A consecuencia de los remordimientos del viejo régimen político, en México se ha creado un espejismo que consiste en hacer análogas ciudadanía y virtud. “No es casualidad –escribió recientemente en Nexos Fernando Escalante– que nos hayamos puesto a imaginar consejeros ciudadanos, candidaturas ciudadanas, iniciativas ciudadanas, formas de participación ciudadana como remedio para todos los males”. Sin embargo, no hay tal. La nuestra es una ciudadanía de baja intensidad, débil, negligente, en cierto modo arrogante y muy lejos de asumirse como sujetos activos de la cosa pública con lo que ello supone de ejercicio de derechos y libertades y, sobre todo, de cumplimiento de obligaciones y responsabilidades. No, nada de eso. Lo que se quiere, en el caso de San Pedro y en muchos otros todo el tiempo, es negar el interés general (ampliar la oferta y la competencia) a cuenta de las pequeñas mezquindades (el horror a los consumidores de menores ingresos) y disponer del espacio público como inventario particular.

No es casual que en México un alarmante 29 por ciento de los ciudadanos diga que se puede violar la ley cuando la “situación sea difícil” o que tan sólo un 24 por ciento confiese tener confianza en los demás. Un temperamento colectivo así es, sencillamente, lamentable.

La otra cara de la moneda es la malicia de los poderes públicos para explotar la vanidad de los llamados ciudadanos. Primero se les invita porque son conocidos en la comunidad; luego se les usa para legitimar ciertas decisiones; más tarde se les integra al aparato porque se supone que como son “ciudadanos” lo saben y pueden todo; finalmente se les asignan responsabilidades ejecutivas directas en las que, previsiblemente, fracasan, lo que mina la incipiente noción de ciudadanía o, dicho de otra forma, facilita que lo público sea lo reservado a quienes están profesionalmente en lo público, en lo político. Sólo a ellos.

Construir ciudadanos no es lo mismo que cooptar ciudadanos. Para ello hace falta que éstos se asuman como sujetos solidarios que son parte de una comunidad, que formen sociedades abiertas, incluyentes y multiculturales, que entiendan que ser ciudadano es diferente a ser masa y que compartan valores elementales de libertad, respeto, diálogo y diferencia.

Todo ello, desde luego, va mucho más allá de una protesta ridícula contra un almacén.

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