El del agua es uno de esos problemas a los que la mayor parte de los gobiernos ha rehuido históricamente porque en el centro de un prologando proceso de corrección se encuentra el tema de las tarifas, como ahora está ocurriendo en el Distrito Federal.
Hay un conjunto de variables que explican la crisis hidráulica de buena parte de las ciudades mexicanas y que puede condensarse de la siguiente forma: la mayoría de los organismos públicos operadores vive en una crisis permanente porque cada vez les resultan más costosos la extracción y el tratamiento del líquido, son más los asentamientos humanos a los que deben atender, es más urgente la demanda para modernizar las redes y construir nuevas, y los ingresos propios son crecientemente insuficientes porque las tarifas que se cobran a los usuarios finales no compensan los costos integrales de provisión del servicio ocasionando un déficit creciente sobre las finanzas públicas.
El argumento populista que suele darse es que el agua es un “derecho humano” y que, como tal, no debe cobrarse o bien hay que subsidiarlo de manera casi generalizada. Ese razonamiento, sin embargo, lo que está provocando es justamente lo opuesto, porque, como no hay dinero para una operación eficiente y sustentable de los organismos operadores, la peor parte la llevan los pobres, ya sea en la forma de desabasto o de pago de pipas y tandeo que resulta notablemente más elevado que la tarifa oficial. La evidencia al respecto es creciente.
Por ejemplo, el Consejo Consultivo del Agua divulgó hace poco un estudio que califica la situación en 26 de las mayores ciudades de México con población superior a los 650 mil habitantes considerando doce variables de eficiencia que van desde la disponibilidad y cobertura hasta la micromedición y las tarifas, entre otras cosas.
Los resultados son particularmente reveladores. Varias de las 10 ciudades con mejor desempeño comparten algunas características: tienen operadores privados, se cobran las tarifas más altas por metro cúbico, la facturación y cobranza son más exactas y rigurosas, la cobertura de agua es casi total y sus organismos son más eficientes.
Si bien el estudio no contiene datos duros de la salud financiera de los organismos, es válido inferir que ésta tiene una correlación importante con las tarifas domésticas y, al final del día, con la eficiencia general. León y Tijuana, por ejemplo, que aparecen en los dos primeros sitios de la clasificación, son también las que cobran una mayor tarifa doméstica en el país: 10.64 y 10.55 pesos el metro cúbico para un consumo menor a 20 m3 por toma, mientras que dos de las peor evaluadas –DF y Ecatepec– tienen una tarifa de 3.27 y 3.26 pesos por m3.
Es cierto que el discurso ambientalista suena políticamente correcto. Pero el problema del agua ya es de seguridad nacional y como tal debe ser abordado.
El estudio citado se encuentra en aquí
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