No, no se trata de sugerir que en 2010 Felipe Calderón concluya anticipadamente el período para que el que fue, legítima y legalmente, electo. Tampoco que le invada padecimiento alguno que le impida continuar su mandato.

Mucho menos que piense en tirar la toalla. Es algo menos dramático, pero más relevante: si el Presidente quiere dejar alguna huella histórica éste es su último año para sacar reformas importantes.

La iniciativa de reforma política enviada al Congreso parte de tres razonamientos que tendrán un efecto no sólo sobre la arquitectura institucional del régimen, sino, a corto plazo, en la competencia interna de los partidos políticos de cara a las elecciones de 2012.

El primer elemento sobresaliente es la necesidad del Ejecutivo de utilizar una reforma importante y necesaria para recuperar, en parte, oxígeno para un gobierno debilitado por la dramática derrota durante las legislativas del verano pasado. Ninguna de las propuestas presentadas por Calderón, desde la reelección de alcaldes y legisladores hasta la introducción de la segunda vuelta en las presidenciales es nueva –lo que no les resta mérito alguno–, sino que han formado parte de la discusión académica y política en México al menos desde que el PRI perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en 1997.

Su lanzamiento ahora, sin embargo, parece responder más bien a una doble lógica.

Por un lado, el Presidente está urgido de tener un cierto control sobre la agenda pública y el único espacio viable, tras el saldo de la crisis económica del año pasado y las crecientes dudas sobre la eficacia de su estrategia contra la delincuencia organizada, es el de la promoción de nuevas reglas para el juego político. Por otro, al colocar esta propuesta en el terreno legislativo, donde el PAN es minoría, obligará al resto de los actores políticos, sobre todo al PRI, a definirse –en cualquier sentido– en torno a un esquema preciso. Si la reforma es aprobada, Calderón se llevará la mayor parte del crédito. Pero si aborta, podrá asegurarle a los electores que él hizo una apuesta para mejorar el régimen y que fueron los partidos opositores quienes se negaron a responderle a una ciudadanía que padece un claro desencanto democrático.

El segundo rasgo tiene que ver con el régimen político. Si bien la iniciativa incluye cambios muy relevantes, ha evitado, con sentido práctico, caer en una discusión conceptual –y por tanto interminable– acerca de la naturaleza que debe tener ese régimen. Es decir, en lugar de plantearse si México debe transitar de un sistema presidencial a otro parlamentario o semiparlamentario, ha elegido un procedimiento elíptico que consiste en introducir directamente medidas que, si bien con riesgos derivados de una cultura cívica de baja intensidad y una escasa habilidad de los partidos para establecer pactos de gran calado, pueden influir en la profesionalización de la carrera legislativa, en la elección de presidencias con un mandato más claro o en la formación de mayorías más definidas, estables y, eventualmente, eficaces en el Congreso.

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