El 2 de julio de 2008 fui de los millones de televidentes que siguió minuto a minuto el rescate de Ingrid Betancourt, la ex candidata presidencial colombiana, secuestrada seis años antes por las FARC, en una espectacular operación militar que lanzó a la estratosfera la popularidad del presidente Álvaro Uribe y de su entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, hoy mandatario electo de ese país.

Por largo tiempo estuve al tanto de su cautiverio y de los escasos mensajes que podía comunicar al mundo desde la selva. Aún conservo una fotografía del gigantesco afiche que de ella, en su condición de ciudadana francesa por haber estado casada con un diplomático de esa nacionalidad, permanentemente pendía de la fachada del Hôtel de Ville, la sede de la alcaldía de París, exigiendo su libertad. La suya era, ciertamente, una causa célebre.

Tras el rescate, Betancourt se convirtió en una estrella. La historia de su reclusión forzada y su resistencia, la cinematográfica operación que la regresó y la tristeza de su mirada profundamente bella la llevaron a viajar por el mundo, a ser recibida por los principales líderes e incluso a ser postulada al Nobel.

La semana pasada, Betancourt ha pedido al Estado colombiano —no a las FARC— que la indemnice con casi 7 millones de dólares por los daños emocionales que sufrió durante su retención, por las consecuencias que ésta produjo sobre la muerte de su padre y por los salarios que dejó de percibir en esos seis años, argumentando que las fuerzas armadas no le advirtieron suficientemente del peligro que corría al entrar a la zona donde fue secuestrada. La solicitud, desde luego, era insólita y, tras recibir una generalizada condena por parte de todos los sectores, Betancourt decidió retirarla.

Legalmente no ocurrirá ya nada, pero el intento ha sido psicológica y éticamente fascinante.

¿Qué mueve a una persona de esas características a formular un caso así? ¿Fue simplemente codicia o hay un poderoso componente de protagonismo mediático, de desubicación acerca del lugar que Betancourt piensa que merecería en la vida pública de su país y no tiene, o de necesidad de que el reconocimiento que recibió en el mundo entero se prolongase de manera permanente? ¿Es una forma de adquirir una cierta clase de poder, digamos moral, frente al Estado? ¿O es, sencillamente, la exigencia de una reparación por la vida perdida?

Una respuesta a esas preguntas, que no la tengo desde luego, ayudaría mucho a explicar y a entender los resortes más íntimos y profundos que mueven el comportamiento y las decisiones de los políticos.