Tras la jornada electoral todo el mundo se ha puesto a opinar sobre quién ganó y quién perdió; cómo afecta las posibilidades de los aspirantes a la presidencia o si las alianzas van para adelante en 2011, entre otras cosas, pero nadie se ha puesto a pensar si de este evento saldrán buenos gobiernos, que es, al final del día, lo que realmente importa.

En virtud de que ahora las formas de gobierno que mandan son la mediocracia y la encuestocracia, ahora resulta que la política empieza y termina en una elección.

Por consecuencia, lo relevante es que un gobernador sea lo suficientemente habilidoso para inyectarle recursos públicos y movilizar la llamada “estructura” o que un candidato sea efectivo en la campaña y que tapice el mobiliario urbano con lugares comunes y frases de ocasión —tenencia gratis, progreso para todos, subsidios para madres solteras y un salón de fiestas en cualquier ejido— que más o menos atraigan al votante.

Como esas son las fórmulas vigentes, no hay un esquema más integral o sofisticado con el cual medir si los gobiernos electos, al terminar su mandato, dieron resultados en los asuntos centrales ni mucho menos para establecer una rendición rigurosa de cuentas, de modo que los estados entran en un círculo vicioso: como las malas políticas públicas son electoralmente rentables no tiene caso hacer buenos gobiernos y el ciudadano se vuelve poco exigente en la siguiente elección.

Esto es fatal para el país y sobra la evidencia. Ningún estado mexicano, por ejemplo, es competitivo a nivel internacional; sólo una ciudad mexicana aparece en el ranking de los 10 sitios más atractivos para hacer negocios en América Latina, y de las 221 mejores ciudades para vivir en el mundo la que más alta aparece está en el lugar número 98 y es Monterrey… hasta antes de Alex.

¿Cuáles son entonces, exactamente, las categorías de fondo que deben tomarse en cuenta para evaluar la gestión de los gobernadores? ¿Son los logros en materia de calidad educativa, de crecimiento económico, de productividad laboral o de equidad social? ¿O son la despensa, el vale de construcción, el spot televisivo, el subsidio, la megalomanía o el derroche presupuestal el termómetro adecuado para medir su eficacia?

Tanto los partidos y el Congreso como los propios ejecutivos —estatales y federal— deben dejar atrás, al menos por razones estéticas, el cinismo con que festinan los votos y celebrar, en cambio, los resultados concretos, tangibles, medibles y comparables que han alcanzado —los salientes— o que van a alcanzar —los entrantes— para que podamos, con propiedad y fundamento, medir su profesionalismo, honorabilidad, competencia e inteligencia para dotar a la política del único contenido válido, que es servir a la gente y mejorar, seriamente, su calidad de vida.